Yaser fue detenido el 13 de marzo de 2017 en su domicilio de Sitra por agentes enmascarados vestidos de civil junto con agentes de Investigación Criminal. Las fuerzas irrumpieron violentamente en su casa sin presentar una orden de registro y tumbaron las puertas antes de detenerlo junto con sus tres hermanos. Más tarde, las autoridades publicaron sus fotos y confesiones forzadas en la televisión nacional, afirmando que eran miembros de una célula terrorista implicada en un atentado con bomba contra un autobús de la policía.
Yaser fue interrogado durante 25 días, sin la presencia de su abogado, en la Dirección de Investigación Criminal. Lo golpearon, lo maltrataron y le gritaron. Finalmente confesó bajo tortura, y esa confesión fue televisada y utilizada en los tribunales. Además, Yaser solicitó ser examinado por un médico, pero se le denegó este derecho a pesar de que había sido sometido a una operación respiratoria poco antes de su detención. Durante su detención, Yaser sólo pudo hablar con su familia durante breves llamadas, en las que sonaba cansado. La primera vez que pudo reunirse con su familia fue 37 días después de su detención, en el Centro de Detención del Dique Seco.
El 18 de abril de 2018, más de un año después de su detención, Yaser fue condenado a 25 años de prisión por cargos relacionados con el terrorismo. Tanto el Tribunal de Apelación como el Tribunal de Casación confirmaron la sentencia. No pudo reunirse con su abogado ni prepararse adecuadamente para el juicio.
Recientemente, desde el 11 de agosto de 2022, las autoridades han privado a Yaser y al menos a otros 13 presos políticos del contacto con su familia y de su derecho a recibir visitas. Han sido objeto de esta represalia por denunciar las violaciones que sufren en la prisión de Jau. La familia recurrió a distintas instituciones para ponerse en contacto con Yaser, sin resultado.
Las acciones de Bahréin contra Yaser violan el derecho internacional, incluida la Convención contra la Tortura, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que Bahréin es parte en estos tratados. La ADHRB pide a Bahréin que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos permitiendo a Yaser ponerse en contacto con su familia e investigando las denuncias de tortura para que los torturadores rindan cuentas de sus actos.
