Sayed Ali Moosa Jaafar, era un portero judicial de 34 años cuando fue detenido sin orden judicial en octubre de 2014. En consecuencia, fue torturado y condenado en un juicio injusto. Sayed Ali cumple actualmente su condena en la prisión de Jau.
El 25 de octubre de 2014, en torno a la medianoche, agentes vestidos de civil y policías antidisturbios irrumpieron en la casa de Sayed Ali, lo sacaron de su habitación y lo golpearon. Lo llevaron al autobús, donde lo sometieron a descargas eléctricas. Los agentes volvieron a su casa y confiscaron dos teléfonos. Todo esto se hizo sin ninguna orden judicial y sin indicación de motivos. Sayed Ali no fue citado antes de su detención.
Sayed Ali estuvo desaparecido por la fuerza durante una semana, en la que fue interrogado en la comisaría de policía de la 17ª rotonda, y después fue trasladado al centro de detención del dique seco, donde llamó a su familia para comunicarles que había sido detenido. Su familia pudo visitarlo un mes después de su detención, no podía caminar normalmente ni sentarse. Tenía la cara descolorida a causa de las torturas.
Durante el interrogatorio, Sayed Ali fue sometido a fuertes palizas, insultos, agresiones sexuales y descargas eléctricas. Su abogado no estaba presente y Sayed Ali fue obligado a confesar los cargos que se le imputaban. No recibió tratamiento por las lesiones sufridas a causa de la tortura, incluida una lesión en la rodilla. Una semana después de la detención, Sayed Ali fue presentado ante la fiscalía, sin abogado, donde le mostraron perdigones y le dijeron que le pertenecían, acusación que Sayed Ali negó.
El 22 de septiembre de 2015, Sayed Ali, junto con otros nueve acusados, fue declarado culpable de incendio provocado, posesión y adquisición de artefactos inflamables y explosivos, y reunión ilegal, y condenado a diez años de prisión. El Tribunal de Casación redujo la condena a tres años el 22 de noviembre de 2016. Sayed Ali también fue condenado a 8 años por agredir a funcionarios y portar armas en una reunión pública, por lo que el total de su condena alcanzó los 11 años tras la apelación.
Las acciones de las autoridades bahreiníes contra Sayed Ali, desde su detención sin orden judicial hasta su confesión coaccionada, violan el derecho internacional, incluidas la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que Bahréin es parte. Además, la denegación de tratamiento por las lesiones sufridas bajo tortura constituye una violación de las Reglas de Mandela. La ADHRB hace un llamamiento a las autoridades para que investiguen urgentemente las denuncias de malos tratos y tortura de la víctima con el fin de que los autores rindan cuentas.
