En febrero de 2022, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas realizó un examen de las prácticas de derechos humanos de Bahréin en el marco de su 71º período de sesiones. El CESCR es el órgano de la ONU que vigila y supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), uno de los tratados de derechos humanos más importantes. El PIDESC es el marco jurídico que establece el derecho de las personas a no ser discriminadas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, expresión política o de opinión, origen nacional o social, propiedad o nacimiento. Un Estado puede optar por adherirse voluntariamente al PIDESC, como hizo Bahréin en 2007.
18 expertos independientes en el ámbito de los derechos humanos son elegidos para formar parte del comité y realizan tareas de seguimiento y supervisión. Los Estados deben presentar un informe al comité cada 5 años en el que se detallan los avances en la aplicación de los derechos recogidos en el PIDESC y también en la aplicación de las recomendaciones del comité que abordan las deficiencias en el historial de derechos humanos del Estado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales existe para proteger a todos los pueblos en la búsqueda de la libertad y permitir que las personas afectadas y sus aliados pidan cuentas a sus gobiernos.
El proceso de revisión está diseñado para determinar en qué medida un país está aplicando los derechos recogidos en el PIDESC. Un país presentará un informe al comité en el que se expondrá su trabajo y sus progresos en el cumplimiento de los valores de los derechos humanos enumerados en el tratado. Es importante entender que el informe presentado al CESCR por un Estado no siempre presenta de forma exhaustiva, o precisa, la realidad sobre el terreno de las personas en ese país. Un informe puede centrarse en la legislación nacional que, a primera vista, muestra la adhesión a las obligaciones del tratado, pero que, ya sea por defectos de diseño en la legislación o por una aplicación deficiente, es ineficaz en la práctica.
El CESCR publica sus conclusiones y, si es necesario, las recomendaciones subsiguientes que un país puede seguir para acercarse a las prácticas de derechos humanos que ha acordado en el tratado. También puede hacer una petición específica a un Estado solicitando más información antes de la siguiente revisión.
Los informes, como los presentados al comité por el Reino de Bahréin, presentan una narrativa que es contradictoria con las experiencias de las personas que viven en el reino, así como con las conclusiones de muchas organizaciones de derechos humanos. En esta última revisión, los delegados del reino presentaron la legislación que han aprobado como prueba de su compromiso con el tratado, con los derechos humanos en general, y como medio para demostrar que no se producen abusos. Sin embargo, aunque la cantidad de legislación aprobada por Bahréin sea impresionante, el volumen de sus medidas no ha detenido los ataques del gobierno contra los derechos humanos y sus defensores.
Los miembros del Comité pidieron a la delegación bahreiní respuestas concretas sobre los ataques del gobierno a los defensores de los derechos humanos y el estado de salud de los defensores encarcelados. Múltiples organizaciones de derechos humanos han documentado pruebas de violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno contra su propio pueblo por hablar de forma crítica de la monarquía. La política y las acciones del Estado, que llevan décadas eliminando los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como la asfixia de un espacio de la sociedad civil independiente del gobierno y de su control, fueron el centro de atención de este examen y de los anteriores del CESCR.
En sus informes al comité y en sus respuestas a preguntas específicas de los miembros del comité, Bahréin expresa una creencia bellamente redactada en los principios de la ONU y sus tratados de derechos humanos. Lamentablemente, estas expresiones públicas de apoyo del gobierno a los derechos de autodeterminación, las libertades políticas o la sociedad civil no se han demostrado en sus acciones. Lo que ha quedado claro, y fue evidente para cualquier persona que presenciara esta reunión de la comisión, es que el gobierno ha impedido la búsqueda de la libertad en el país y ha eliminado los mecanismos internos que permitirían a su pueblo exigir responsabilidades a su gobierno. Las respuestas de los delegados bahreiníes a las preguntas de los miembros del CESCR, demuestran que los órganos de supervisión del gobierno en Bahrein carecen de la objetividad necesaria para funcionar eficazmente.
La pregunta a la que debe responder un observador de esta situación en Bahrein es: «¿El gobierno de Bahrein no quiere o no puede corregir sus abusos contra los derechos humanos?». El informe de la delegación al CESCR no contiene pruebas de que haya cesado la continua discriminación contra las personas vulnerables o los ataques y la represión de los defensores de los derechos humanos. Un delegado del Ministerio del Interior negó la existencia de abusos contra los defensores de los derechos humanos y dijo que «no puede imaginar situaciones» en las que se produzcan tales violaciones. Este es sólo un pequeño ejemplo de cómo Bahréin evita las pruebas documentadas de los abusos cometidos contra el Dr. Abduljalil Al-Singace, Abdulhadi Al-Khawaja y otros casi 1400 presos políticos que se encuentran actualmente en las cárceles de Bahréin.
Las preguntas de los miembros del comité del CESCR durante la reunión pública en las que se pedía una respuesta a los informes sobre las graves violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos Dr. Abduljalil Al-Singace y Abdulhadi Al-Khawaja han quedado sin respuesta.
Los informes de Bahréin al CESCR en los últimos años han señalado un lenguaje específico en su constitución y leyes nacionales que, sobre el papel, sugeriría que el actual gobierno de Bahréin es un creyente comprometido en los derechos de su pueblo a la libertad y a la búsqueda de las libertades políticas, culturales y económicas. Al expresar su apoyo a la autodeterminación y al mismo tiempo suprimirla, ¿está diciendo la monarquía de Bahréin que cree en su propio derecho a la autodeterminación pero no en el de la mayoría del pueblo del país?
La delegación y el país recibieron una invitación pública del comité para trabajar con el CESCR para corregir violaciones muy específicas de los derechos humanos y la discriminación cometida por el gobierno contra su propio pueblo. Cuando un país dice respetar los derechos humanos mientras silencia repetidamente la libertad de expresión, la sociedad civil y encarcela a sus críticos, ese país está faltando al respeto a los derechos humanos y a la comunidad internacional. Las palabras deben ir seguidas de acciones genuinas.
