Las autoridades bahreiníes detuvieron a Mohamed sin presentar una orden de detención, lo torturaron para que confesara, lo agredieron y le privaron de acceso a su abogado. Además, la negligencia y la incapacidad de las autoridades para contener el brote de COVID-19 hicieron que Mohamed contrajera el virus, por lo que posteriormente recibió una atención médica mínima. Todas estas acciones constituyen violaciones de las obligaciones de Bahréin en virtud de la Constitución de este país y del derecho internacional, concretamente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), así como las Reglas de Mandela. La ADHRB insta a Bahréin a que conceda a Mohamed un nuevo juicio justo que respete las normas judiciales y probatorias internacionales, a que investigue las denuncias de tortura con el fin de que los autores rindan cuentas, y a que libere a los presos políticos y de conciencia como Mohamed en medio del empeoramiento del brote de coronavirus.
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Perfil en Persecución: Mohamed Jaafar AlDemistani
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Mohamed Jaafar AlDemistani era un ayudante de cocina de 20 años cuando las autoridades bahreiníes lo detuvieron sin orden judicial en mayo de 2015. Desde su detención, Mohamed ha sufrido física y psicológicamente como consecuencia de la tortura y los malos tratos. Permanece en la prisión de Jau, donde cumple cadena perpetua.
El 8 de mayo de 2015, agentes vestidos de civil y un grupo de patrullas civiles rodearon a Mohamed y a sus amigos cerca de la casa de su amigo. Sin presentar una orden de detención ni dar una razón, lo detuvieron a él y a dos de sus amigos disparándoles con balas reales después de que intentaran escapar.
Mohamed había sido citado dos veces antes de su detención, y durante el interrogatorio se le ofrecía colaborar con las autoridades como informante. Ante su negativa, los agentes le llamaban repetidamente, obligándole a cambiar su número de teléfono. Los agentes se enfadaron por ello y persiguieron a Mohamed durante seis meses, registrando también su casa dos veces en el transcurso de dos semanas.
Tras la detención, Mohamed llamó a su familia durante un par de segundos y les dijo que estaba en la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC). Después de eso, Mohamed estuvo desaparecido por la fuerza durante ocho días; su familia no tenía ninguna información que indicara su destino o ubicación, hasta que llamó e informó a su familia de que había sido trasladado al Centro de Detención del Dique Seco.
Durante esos ocho días de desaparición, Mohamed estaba siendo interrogado en el CID. Los agentes torturaron a Mohamed para sacarle confesiones en ausencia de su abogado. Le golpearon y patearon con dureza. Los agentes lo quemaban con cigarrillos hasta que perdía el conocimiento, luego lo trasladaban al hospital AlQalaa y le ponían un goteo intravenoso para que recuperara las fuerzas, y así poder volver a interrogarlo y torturarlo de nuevo. Este tratamiento se mantuvo durante los ocho días. También le privaron del sueño y le insultaron. Como resultado, Mohamed confesó haber participado en el asesinato de la Gendarmería jordana en Demistán.
La familia de Mohamed sólo pudo visitarlo un mes después de su traslado al Centro de Detención del Dique. Durante su visita, observaron signos visibles de tortura y algunas quemaduras en sus manos.
Mohamed fue condenado por posesión y fabricación de explosivos y materiales utilizados para fabricar armas, por unirse a un grupo terrorista cuyo objetivo principal es matar a policías, y por participar en el asesinato de la Grandarmerie jordana en Demistán. El 21 de diciembre de 2015 fue condenado a cadena perpetua y se le retiró la nacionalidad. En abril de 2019 se le restituyó la ciudadanía mediante un indulto real. Los derechos de Mohamed a un juicio justo fueron violados durante todo el proceso, ya que se le negó el acceso a su abogado, la confesión forzada se utilizó en su contra durante el juicio y no se tuvieron en cuenta las pruebas de la defensa consistentes en demostrar que estaba trabajando en el momento del incidente. Mohamed ha agotado todas las vías de recurso, ya que tanto el Tribunal de Apelación como el de Casación confirmaron la sentencia.
Desde su traslado a la prisión de Jau, Mohamed ha sufrido malos tratos y humillaciones a manos de las autoridades penitenciarias. Sufre varices en las vías urinarias y dolores en las piernas que no son tratados adecuadamente. Hubo un caso en el que Mohamed saludó a otro recluso. Cuando un policía yemení se dio cuenta, lo llevó a una zona sin cámaras, lo acosó verbalmente y lo amenazó con maltratarlo físicamente.
Como resultado de la negligencia y las malas condiciones en la prisión tras el brote de coronavirus, Mohamed dio positivo en las pruebas del virus COVID-19 en mayo de 2021. Sufría de falta de aire y temperatura alta y sólo se le dieron vitaminas como tratamiento. El equipo médico sólo le tomó la temperatura, pero no controló sus niveles de oxígeno ni otros síntomas. Su familia se enteró de que estaba infectado el 27 de mayo a través del sitio web del Ministerio de Salud, ya que Mohamed no había estado en contacto con ellos durante 9 días. Ese mismo día pudo llamar e informarles de su estado.
