En los últimos cinco años en Bahréin se ha producido un especial repunte en la represión gubernamental de los derechos políticos y civiles. Mucho tiempo después de la represión de la revolución de 2011, el gobierno bahreiní sigue impidiendo a sus ciudadanos el ejercicio de cualquier agencia política que contraste con los intereses del régimen de Al-Khalifa. Las tácticas del gobierno han sido claras: el gobierno ha aprobado leyes para impedir la celebración de elecciones libres y justas, ha detenido a líderes de la oposición política y sigue encarcelando a los defensores de los derechos humanos.
En primer lugar, las semanas previas a las elecciones de 2018 no dieron lugar a un proceso electoral libre ni justo: en junio de 2018 se aprobó la Ley nº 25 de 2018, que prohíbe a las personas que hayan sido procesadas anteriormente presentarse a cargos políticos. Esta ley se dirige esencialmente a las candidaturas de destacadas figuras políticas chiíes, ya que muchas habían sido procesadas en el pasado por motivos fraudulentos y políticos. La legislación sigue afectando a los miles de presos de conciencia restantes que fueron detenidos por su oposición política o sus convicciones en materia de derechos humanos.
En segundo lugar, prácticamente todos los líderes políticos de la oposición han sido objeto de persecución por parte de las autoridades, como por ejemplo El jeque Ali Salman, líder del disuelto Al-Wefaq, fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 2018; Ebrahim al Bashir, líder del disuelto Al-Waad, fue detenido en marzo de 2019 por unos tuits en los que criticaba al sultán de Omán. Estas detenciones de alto perfil enviaron un claro mensaje a la población de que la disidencia no sería permitida por el gobierno.
En tercer lugar, solo en 2017, se calcula que unas 100 personas vieron restringida de facto su libertad de movimiento por las autoridades debido a su compromiso con los mecanismos de derechos humanos y su defensa de la democratización. La difamación patrocinada por el gobierno de defensores de los derechos humanos de renombre internacional ha dado lugar a amenazas contra sus vidas. Por ejemplo, los coches de Ebtisam Al-Saegh y Khalil al-Marzooq fueron quemados a la puerta de sus propiedades en 2017 después de que los periódicos afines al gobierno los presentaran como traidores a la nación. Las autoridades también chantajean a los activistas de derechos humanos exiliados sometiendo a sus familiares a represalias.
Por último, cientos de estos 2.500 presos, incluidos los conocidos Trece de Bahréin, siguen encarcelados desde las detenciones realizadas tras las protestas de 2011. Fueron pasados por alto intencionadamente por el indulto real de marzo de 2020 concedido a 1486 presos a causa de la COVID-19, lo que demuestra hasta dónde llegará el gobierno para mantener a los disidentes políticos en la sombra. La mayoría de estas personas habrán pasado 10 años entre rejas en condiciones horribles, y muchas de ellas habrán sufrido repetidas y deliberadas negligencias médicas por parte del personal penitenciario, práctica que fue condenada en una declaración conjunta de noviembre de 2019 por múltiples oficinas de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH).
Las autoridades bahreiníes han afirmado en repetidas ocasiones que están trabajando en reformas, pero ADHRB sigue comprometida en recordar a la comunidad internacional que estas promesas son una cortina de humo: En los últimos cuatro años, los defensores del cambio político han sufrido un acoso incesante. En mayo de 2022, Bahréin se someterá a su cuarto ciclo de Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional verá claramente que Bahréin ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones formuladas durante su tercer ciclo del EPU. Bahréin también ha ignorado las recomendaciones hechas por su propia institución de reforma, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI). ADHRB implora a la comunidad internacional que reconozca la regresión de los derechos humanos en Bahréin, y que pida a las autoridades bahreiníes que apliquen un cambio real y duradero.
