En 2017, el nacional bahreiní Ali Mohammed al-Showaikh huyó de Bahrein debido a los rumores de que había cometido varios crímenes. Terminó en Holanda donde inmediatamente buscó asilo, lo que le fue denegado. A causa de su denegación, Holanda tiene un nivel significativo de responsabilidad por el trato que recibió Al-Showaikh después de ser deportado de regreso a Bahrein. Las acciones del Gobierno holandés son una clara violación del derecho internacional así como de su derecho nacional.
Al-Showaikh huyó de Bahrein por miedo a la persecución tras su participación en las marchas pacíficas pro-democráticas en 2011. Después de que el Gobierno holandés le denegara la petición de asilo, Al-Showaikh suplicó al Gobierno que lo deportaran a cualquier otro país que no fuera Bahrein dado el miedo a ser sujeto de tortura, forzado a firmar una confesión falsa o sujeto a un juicio injusto. Tras su deportación de Holanda a Bahrein, Al-Showaikh fue arrestado en el aeropuerto y desaparecido por 11 días. Fue interrogado por las autoridades bahreiníes los cuales usaros técnicas de tortura para extraerle confesiones falsas. Al-Showaikh fue sentenciado a cadena perpetua en un juicio injusto en el que no contó con una apropiada representación legal. Su ciudadanía bahreiní fue revocada y recibió una multa de 500 dinares bahreiníes. Fue sentenciado bajo la Ley de Protección de la Sociedad ante Ataques Terroristas, la cuál ha sido criticada por ser demasiado amplia y por haber sido utilizada por las autoridades bahreiníes de manera reiterada en contra de activistas de derechos humanos.
El principio de non-refoulement esta bien establecido en el derecho internacional de los derechos humanos. Garantiza que ninguna persona será devuelta a un país donde pueda sufrir tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y otros daños irreparables. El principio se encuentra en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de Naciones Unidas (CAT); El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR); La Convención sobre el Estatuto de Refugiados; La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED); y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Especialmente en el artículo 3 del CAT se establece: «Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución («refouler») o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura». Holanda como Estado Parte de todas las Convenciones nombradas, esta legalmente obligado a adherirse a todas las provisiones. Sin embargo, no lo ha hecho y ha acabado en la tortura y el daño de Al-Showaikh.
Siguiendo los informes de lo que le ha pasado a al-Showaikh tras su vuelta a Bahrein, varios grupos parlamentarios holandeses han presentado preguntas al Secretario de Estado para la Justicia y la Seguridad. El Secretario fue muy desdeñoso con estas preguntas, citando preocupaciones de privacidad como la razón principal por la que no podía dar más detalles sobre las preguntas formuladas. El Secretario era completamente consciente de la situación de los derechos humanos en Bahrein y del hecho de que Bahrein persigue continuamente a la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas y de que no es garantizada la totalidad del derecho a la libre expresión, asamblea y asociación. Aún así, el Gobierno holandés decidió enviar a Al-Showaikh de vuelta a Bahrein donde ha sufrido a manos de las autoridades.
Es obvio que Holanda violó el principio de non-refoulement cuando deportó a Al-Showaikh de vuelta a Bahrein. Por tanto, Holanda tiene un alto nivel de responsabilidad por este horrible tratamiento a Al-Showaikh a su vuelta a Bahrein. El Gobierno holandés debería asumir su responsabilidad y asegurar que Al-Showaikh es provisto de representación legal y que es protegido contra la tortura u otros malos tratos.
