Jaafar Isa era un activista de 24 años cuando fue brutalmente arrestado sin orden judicial en una emboscada premeditada en su pueblo de Bani Jamra en Diciembre del 2013. Fue sujeto de severas y continuas torturas y maltratos tanto después de su arresto como durante su tiempo en la cárcel. También ha sufrido múltiples problemas de salud dada la falta de higiene de su celda. Permanece en la prisión de Jau hasta el día de hoy.
El 9 de Diciembre de 2013, Jafaar fue arrestado en una emboscada premeditada que rodeó seis casas en Bani Jamra. Un helicóptero, vehículos blindados, coches de policía, policías anti-disturbios, fuerzas de comandos y oficiales vestidos de civiles tomaron el control del pueblo para arrestarlo. Durante el arresto, le pegaron hasta el punto de la inconsciencia. Fue transferido a un edificio en construcción en el pueblo de Budaiya, donde continuaron torturándolo y después al Departamento Central de Investigaciones (CID) donde fue sujeto de una desaparición forzada durante 11 días; sus padres no conocían el paradero de su hijo.
Durante su desaparición forzada en el CID, fue sujeto de los más severos métodos de tortura en manos de los oficiales del CID y de los oficiales que vigilaban su arresto. Después de haber sido tratado en el hospital por las heridas que tenía por la tortura a la que estaba siendo sometido, fue devuelto al CID y torturado de nuevo. Jafaar finalmente confesó debido a la tortura que sufrió. Fue transferido después al Centro de Detención de Dry Dock. Es importante saber que Jafaar ya había sido amenazado antes de su arresto por los agentes de seguridad del estado por su activismo político y su participación en el movimiento pro democrático. Cuando se le permitió a su familia por primera vez visitarle un mes después, todavía eran evidentes las señales de tortura ya que no se podía sentar. Le confesó a sus padres que había sido torturado en sus partes íntimas y que todavía tenía dolor como consecuencia de la tortura.
A Jafaar se le denegó repetidas veces el acceso a un abogado y rara vez le permitieron presentar pruebas en el tribunal. Sufrió torturas extremas a manos de funcionarios del CID como represalia por su activismo y para que confesara cargos en su contra, lo que finalmente hizo. Fue condenado en varios casos incluyendo el caso celular con 61 imputados con los siguientes cargos: 1) unirse a un grupo terrorista y recibir los fondos necesarios para su sustento y gasto en actividades terroristas además de recibir y almacenar armas de fuego y explosivos, 2) el Posesión, adquisición y fabricación no autorizada de materiales explosivos, armas de fuego y municiones con fines terroristas y 3) capacitación para el uso de petardos y armas de fuego.
El 15 de octubre de 2014, fue condenado a 15 años de prisión y a una multa de 500 dinares bahreiníes por el caso antes mencionado, y se mantuvo su apelación. En otro caso, fue condenado a 44 años y 6 meses. Fue condenado a un total de 104 años por todos los casos en su contra, y se le revocó la nacionalidad, aunque le fue devuelta en el indulto real emitido el 21 de abril de 2019.
Mientras estaba en prisión en diciembre de 2019, Jaafar sufría de picazón severa por todo el cuerpo, y siempre lo amenazaban cuando solicitaba ser examinado en el consultorio del médico, ya que los presos que insisten en ser examinados son colocados en aislamiento médico como un forma de represalia. Jaafar fue presentado ante no especialistas sin haber recibido un diagnostico adecuado para su condición. Fue trasladado a aislamiento médico en tres ocasiones con el pretexto de estar infectado con hepatitis, siendo la primera en julio, la segunda en septiembre y la tercera en octubre. Su último aislamiento forzado duró 56 días antes de ser devuelto al edificio 14 de la prisión de Jau el 21 de diciembre de 2020. Se le tomaba una muestra de sangre cada cinco días y los resultados siempre eran indeterminados, por lo que padecía graves problemas psicológicos como agotamiento, hasta el punto de la locura. Debido a los largos períodos de aislamiento, Jaafar también sufrió parestesia en las extremidades y descamación de la piel a consecuencia de la falta de movimiento y la falta de luz solar adecuada, por lo que se publicaron varios artículos en las redes sociales pidiendo a los organismos de derechos humanos, tanto a la Institución Nacional de Derechos Humanos como a la Defensoría del Pueblo, para sacar urgentemente a Jaafar del aislamiento y brindarle tratamiento a la luz de los resultados de las pruebas. Además, el edificio aislado en el que estaba recluido estaba lleno de insectos y roedores y no cumplía con las condiciones y estándares higiénicos mínimos. La familia de Jaafar presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior sobre el seguimiento de su estado de salud mientras estuvo en aislamiento durante más de 50 días, completamente solo y sometido a varios reconocimientos médicos sin ser informado de los resultados. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron éxito.
El trato que Jaafar ha sufrido a manos de las autoridades de Bahrein, desde su arresto y la tortura que sufrió durante su desaparición forzada hasta su condena en un juicio masivo injusto, constituyen violaciones del derecho internacional, incluida la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional y Derechos Políticos, ambos ratificados por Bahrein. ADHRB pide a las autoridades que retiren los cargos preseleccionados contra Jaafar y garanticen que se lleve a cabo un juicio justo para todos sus cargos, en el que no se utilice su confesión forzada en su contra. Además, ADHRB insta a las autoridades a investigar las denuncias de tortura en el CID a fin de responsabilizar a esos funcionarios y proporcionar tratamiento médico urgente y adecuado, así como un ambiente carcelario higiénico.
