Mohamed AbdulHadi AlBaqali era un técnico en un laboratorio médico privado de 23 años cuando fue detenido arbitrariamente por las autoridades de Bahrein el 6 de noviembre de 2019. Durante su detención, fue objeto de varias violaciones de derechos humanos. Mohamed se encuentra actualmente detenido en la prisión de Jau.
A las 2 a.m. del 6 de noviembre de 2019, oficiales vestidos con ropa militar, policías antidisturbios, oficiales de comandos, personal del ejército y oficiales vestidos de civil enmascarados entraron en la casa de la familia de Mohamed después de tocar el timbre. Registraron la casa sin presentar orden de detención, pero Mohamed no se encontraba allí en ese momento. Lo esperaron fuera de la casa y lo arrestaron cerca de ella una vez llegó. Después, entraron en la casa de nuevo, entregaron las llaves del coche de Mohamed a su familia y volvieron a registrar su habitación.
Un día después de su arresto, Mohamed pudo hacer una llamada de menos de un minuto a su familia en la que solo tuvo tiempo para decirles que se encontraba en la Dirección de Investigación Criminal (CID). Dos días después del arresto de Mohamed, los agentes regresaron a la casa de su familia y registraron de nuevo su habitación. Tres días después de su detención, el Ministerio del Interior publicó en sus redes sociales el arresto de un grupo que tenía la intención de realizar acciones que perjudicarían al país, en un operativo preventivo de seguridad. Su familia asumió que él era parte de este grupo arrestado.
Durante el interrogatorio, Mohamed fue sujeto de desaparición forzada durante tres semanas. Además, su abogado no pudo asistir a los interrogatorios. Mientras estuvo detenido en el CID, fue amenazado y sometido a torturas físicas y psicológicas para que diera una confesión falsa. Los agentes de investigación lo golpearon en todo el cuerpo, lo electrocutaron y lo colgaron del techo. Posteriormente, fue trasladado a los Albergues Juveniles (Byoot AlShabab), (lugar que anteriormente se utilizaba para hospedar a personas de fuera de Bahrein o deportistas de otros países, y que pasó a ser utilizado para detener y torturar a activistas de la oposición tras el inicio de las protestas pro democráticas en 2011), donde también fue torturado. Luego, fue llevado ante el Ministerio Público (PPO). Dos semanas después de su arresto, pudo llamar a sus padres y decirles que lo trasladarían al Centro de Detención de Dry Dock. Una semana después, Mohamed pudo reunirse con sus padres en el centro de detención de Dry Dock por primera vez desde su arresto.
Mohamed no fue llevado directamente ante un juez y no pudo reunirse ni llamar a su abogado con regularidad. Solo pudo reunirse con su antiguo abogado una vez, más de dos meses después de su arresto, a pesar de sus múltiples intentos de ponerse en contacto con él. Además, aún no ha conocido a su abogado actual, a pesar de sus múltiples intentos por reunirse con él. Sus confesiones fueron utilizadas en su contra en el juicio y los testigos de turno no respondieron al abogado ni proporcionaron ninguna información que el abogado pudiera refutar. En consecuencia, Mohamed fue condenado por: 1) unirse a un grupo terrorista, 2) recibir dinero y gastarlo en actividades terroristas, y 3) recibir y utilizar fuegos artificiales. El 3 de noviembre de 2020, en un juicio masivo que involucró a 51 personas, en el cuál se violó el derecho a un juicio justo de estas, Mohamed fue juzgado in absentia y condenado a 15 años de prisión, además de la imposición de una multa de 100.000 dinares bahreiníes. Mohamed apeló sus sentencias, y la fecha de revisión de la apelación está fijada para el 11 de enero de 2021. Según el anuncio del Ministerio del Interior poco después de la detención de Mohamed, se anunció que tanto su detención y la detención de los demás condenados se produjo como parte de un operativo de seguridad, lo que significa que las víctimas no habían cometido ningún delito antes de la detención. También alega que los actos delictivos de las víctimas se extendieron de 2013 a 2019, mientras que la familia de Mohamed dice que Mohamed fue enviado por el estado dentro de una delegación para estudiar en Jordania desde 2014 hasta 2018, y que después de su regreso, trabajó en un laboratorio privado, mientras esperaba la oportunidad de conseguir un trabajo en el gobierno. Tras la emisión de la sentencia, fue trasladado a la prisión de Jau.
Desde julio de 2020, Mohamed ha sido trasladado varias veces al hospital, a pesar de que no tenía ningún problema de salud antes de su arresto. En el hospital fue revisado por un especialista en enfermedades internas, quien le solicitó una operación laparoscópica, por presentar síntomas de dolor de estómago y vómitos frecuentes. El 15 de diciembre, los padres fueron informados desde el Hospital de que Mohamed se sometería a una operación laparoscópica en el Servicio de Medicina Interna el 23 de diciembre, después de someterse a una prueba de PCR. La familia pidió a la administración de la prisión que transfiriera a Mohamed a su cita en el hospital, pero la administración de la prisión no ha transferido todavía a Mohamed al hospital para la citada operación laparoscópica.
El arresto sin orden judicial de Mohamed, la violación de privacidad al registrar su habitación más de una vez, la desaparición forzada, la tortura y el juicio injusto violan tanto la Constitución de Bahrein como las obligaciones internacionales de las que Bahrein es parte, a saber, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). Dado que no se presentó una orden de detención y dado que la condena de Mohamed dependía de confesiones falsas forzadas, podemos concluir que Ahmed está detenido arbitrariamente por las autoridades de Bahrein.
En consecuencia, Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) pide a Bahrein que cumpla con sus obligaciones de derechos humanos investigando todas las denuncias de tortura para garantizar la rendición de cuentas y tomando una decisión justa con respecto a la apelación de Mohamed. ADHRB también insta a Bahrein a que investigue todas las denuncias de desaparición forzada, las denuncias de denegación de acceso a unabogado y las denuncias de allanamiento de la habitación de Mohamed mientras estaba detenido. También exige que Mohamed obtenga su derecho a un juicio justo y a recibir con urgencia el tratamiento médico adecuado.
