Ali Hasan Tooq era un estudiante de secundaria de 18 años que cursaba el décimo grado cuando fue detenido arbitrariamente por las autoridades de Bahrein el 6 de noviembre de 2019. Durante su detención, fue objeto de varias violaciones de derechos humanos. Ali se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención de Dry Dock y pronto será trasladado a la prisión de New Dry Dock, que es específicamente para reclusos menores de 21 años.
A las 3:00 a.m. del 6 de noviembre de 2019, fuerzas antidisturbios, fuerzas de policía de seguridad, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (CID), así como agentes vestidos de civil, asaltaron la casa de la familia de Ali y entraron sin presentar ninguna orden de arresto. Entraron en las habitaciones mientras los miembros de la familia dormían, antes de dirigirse a la habitación de Ali y finalmente arrestarlo después de despojarlo de su ropa y confiscar los teléfonos de todos los miembros de la familia. También lo amenazaron, esperando que se les uniera como informante.
Después de su arresto, la familia de Ali fue al CID para preguntar por su hijo. Les dijeron que se encontraba allí, pero que tenían prohibido reunirse con él y, por lo tanto, debían esperar una llamada de él. Dos semanas después de su detención en el CID, Ali pudo hacer una llamada con su familia por primera vez para informarles de su paradero. También les dijo que se encontraba bien y que estaba detenido en el CID.
Luego, Ali fue trasladado al edificio del CID en Adliya, donde fue interrogado. Durante el interrogatorio, Ali fue torturado por los agentes del CID durante 15 días con los ojos vendados. Fue electrocutado y golpeado en la cabeza, los ojos y el cuerpo. Debido a los golpes en los ojos, estos se enrojecieron e hincharon, sin embargo, no recibió ningún tratamiento médico para estas lesiones. Ali fue sometido a estos métodos de tortura para obligarle a confesar los cargos que se le imputaban. Finalmente, bajo esta tortura, Ali dio una confesión falsa forzada.
Durante su interrogatorio en el CID, Ali no pudo reunirse ni llamar a nadie, y su abogado también tuvo prohibido asistir a los interrogatorios. Dos semanas después de su detención, fue llevado ante el Ministerio Público (PPO), donde negó las confesiones que dió en el CID y negó los cargos en su contra ante un fiscal. Luego, fue trasladado al Centro de Detención de Dry Dock. Dos semanas después de su traslado al Centro de Detención de Dry Dock, pudo reunirse con su familia por primera vez.
Ali no fue llevado ante un juez en las 48 horas siguientes a su detención. También se le negó el acceso a su abogado durante todo el período de interrogatorio, y no tuvo el tiempo ni las instalaciones adecuadas para prepararse el juicio. En consecuencia, Ali fue condenado por: 1) Establecer, organizar, administrar y unirse a un grupo terrorista, 2) Recibir entrenamiento y capacitar a otros en el uso de armas y explosivos, y 3) Destruir y poseer de cócteles Molotov y cometer actos de sabotaje. El 3 de noviembre de 2020, fue condenado a 5 años de prisión en un juicio masivo que involucró a 52 personas y que violaba claramente el derecho a un juicio justo.
Mientras estuvo detenido en el Centro de Detención de Dry Dock, a Ali se le prohibió orar. Recientemente, el 26 de noviembre de 2020, Ali fue trasladado a la clínica del Centro de Detención de Dry Dock debido a que padecía varios síntomas: fiebre alta, secreción nasal y tos. No se le ha hecho la prueba, a pesar de padecer síntomas del COVID-19 y los riesgos que rodean la prisión como consecuencia de la propagación del virus. Le dieron un suero nutritivo y lo enviaron de regreso a su celda. Anteriormente, el 1 de octubre de 2020, fue puesto en régimen de aislamiento durante una semana debido a su solicitud de ir al baño, que tenía prohibido usar. Por tanto, a los padres de Ali les gustaría presentar denuncias a las organizaciones gubernamentales y de derechos humanos pertinentes con respecto a este maltrato; sin embargo, como no saben cómo presentar estas quejas, no pueden hacerlo.
El arresto sin orden judicial de Ali, la confiscación de teléfonos, la tortura, la denegación de tratamiento médico y el juicio injusto violan tanto la Constitución de Bahrein como las obligaciones internacionales que Bahrein tiene dada las ratificaciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Teniendo en cuenta que no se presentó una orden de arresto, y que la condena de Ali dependió de confesiones forzadas falsas, podemos concluir que Ali está detenido arbitrariamente por las autoridades de Bahrein.
En consecuencia, Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) pide a Bahrein que cumpla con sus obligaciones de derechos humanos investigando todas las denuncias de tortura para garantizar la rendición de cuentas. ADHRB también insta a Bahrein a que de a Ali la oportunidad de un nuevo juicio justo. ADHRB también pide a Bahrein a que le brinde a Ali el tratamiento médico necesario para las lesiones que resultaron de la tortura, que le realice una prueba de PCR, que le ofrezca el tratamiento médico adecuado y el aislamiento necesario en caso de que parezca que ha contraído COVID-19. Y finalmente, que ponga fin al trato discriminatorio que recibe Ali por su facción religiosa, permitiéndole practicar sus rituales religiosos.
