Panorama general del conflicto
Desde que comenzó la guerra en 2015, las fuerzas de coalición han violado regularmente el derecho internacional humanitario mediante ataques aéreos ilegales contra civiles e infraestructura civil, incluyendo mezquitas, hospitales, escuelas, hogares y mercados, a través del uso de municiones de racimo prohibidas, practicando de manera generalizada desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura de supuestos opositores políticos y amenazas a la seguridad, y con el bloqueo regular de alimentos, combustible y suministros médicos para que no lleguen a las zonas controladas por los hutíes.
Estados Unidos y Reino Unido ofrecieron apoyo logístico y de inteligencia para la coalición durante la guerra. Ambos países han estado suministrando armas y brindando apoyo militar y diplomático a las coaliciones lideradas por Arabia Saudita. Además, ambos países tienen vínculos económicos históricos con Arabia Saudita, lo que podría explicar la cooperación actual. Estados Unidos comenzó su participación en el conflicto en 2015 con la perspectiva de que las armas, el entrenamiento y la inteligencia estadounidenses simplemente ayudarían a los saudíes a evitar más víctimas civiles. Reino Unido ha estado íntimamente involucrado en el suministro de armas a Arabia Saudita a pesar de un fallo judicial que lo consideró ilegal dadas las continuas violaciones de derechos humanos perpetradas por este último.
Como resultado del conflicto, han sido asesinados 12.000 civiles, principalmente debido a los bombardeos de la coalición, aunque se cree que el número real de muertos es mucho mayor. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado que aproximadamente 20.000 civiles han sido asesinados en los combates y Amnistía Internacional afirma que se estima que más de 233.000 civiles han muerto debido a las condiciones humanitarias creadas por el conflicto a finales de 2019. Además, más de 3,6 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto, mientras que otros 24 millones de yemeníes necesitan asistencia humanitaria y más de 2 millones se enfrentan a una inseguridad alimentaria crítica debido en parte a la política deliberada de la Coalición de bloquear la entrada de alimentos, medicamentos y combustible a las zonas controladas por los hutíes.
Participación de Estados Unidos y Reino Unido en crímenes de guerra en Yemen
Estados Unidos ha estado estrechamente involucrado con las fuerzas de la coalición desde el comienzo del conflicto en 2015, suministrando armas, proporcionando abastecimiento de aviones de combate a la coalición y proporcionando apoyo de inteligencia a las fuerzas de la coalición. Este apoyo no ha disminuido a pesar de que el gobierno de EE. UU. está al tanto de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de la coalición e incluso sabe cuándo se han utilizado sus municiones o las de Reino Unido para cometer los crímenes. Si bien los altos funcionarios militares y gubernamentales de EE. UU. han negado tener conocimiento de que la coalición esté utilizando municiones estadounidenses para cometer crímenes de guerra, Larry Lewis, asesor del Departamento de Estado sobre daños a civiles, ha declarado que los oficiales de enlace estadounidenses tienen acceso a una base de datos con información detallada sobre cada ataque aéreo llevado a cabo por las fuerzas de la coalición.
Como resultado de esta información, ha habido preocupaciones desde el Departamento de Estado por la posible responsabilidad legal de Estados Unidos dado el papel desempeñado en el conflicto. En septiembre de 2016, Ryan Goodman, ex abogado del Departamento de Defensa, presentó el caso de responsabilidad legal del personal estadounidense involucrado en ayudar a la coalición. Goodman concluyó que un estado que ayuda a otro estado enfrentaba «un riesgo legal sustancial de que la ayuda a cometer crímenes de guerra instigue responsabilidad bajo el derecho internacional, incluso sin haber ninguna intención o propósito de promover los crímenes». Ese mismo año, los medios informaron que un abogado del Departamento de Estado concluyó que los estadounidenses podrían ser acusados de crímenes de guerra por la conducta en Yemen. Esto llevó al congresista Ted Lieu a escribir al Departamento de Estado solicitando un análisis del abogado del Departamento de Estado, el cuál se negó a comentar sobre cualquier consejo legal específico.
Si bien Arabia Saudita prometió a Estados Unidos que tomaría medidas para cumplir con el derecho internacional humanitario (DIH) frente a las crecientes acusaciones y pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de la coalición, esta promesa claramente no es creíble ya que la coalición no ha realizado cambios sistémicos para el respeto del DIH y los crímenes de guerra de las fuerzas de la coalición no han cesado. Además, Larry Lewis ha declarado que los funcionarios estadounidenses y sauditas han bloqueado los esfuerzos para mejorar los programas de protección civil y promover la rendición de cuentas por las víctimas civiles. Debido a esta información, está claro que Estados Unidos no está haciendo un esfuerzo razonable para prevenir violaciones del DIH, ya que tiene pleno conocimiento de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de la coalición y no ha tomado medidas para retirar el apoyo a la guerra de la coalición en Yemen.
Si bien el Reino Unido no desempeña un papel tan destacado en el apoyo a la coalición como los EE. UU., sigue desempeñando un papel vital aportando armas a las fuerzas de la coalición y manteniendo el equipamiento de la coalición, y tampoco ha podido retirar el apoyo ante las reiteradas y flagrantes violaciones del DIH. Reino Unido, EE. UU. y Francia han sido identificados por el Grupo de Expertos Internacionales y Regionales Eminentes sobre Yemen de la ONU como potencialmente responsables de crímenes de guerra en Yemen debido a su continuo apoyo a las fuerzas de la coalición.
A pesar de la evidencia de complicidad en crímenes de guerra en Yemen y la posible responsabilidad legal de las fuerzas estadounidenses y británicas, ningún país ha tomado medidas para presionar adecuadamente a las fuerzas de la coalición ni ha retirado su apoyo. Como tales, ambos Estados ignoran deliberadamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional y priorizan sus estrategias por encima del respeto del DIH.
Análisis jurídico de los crímenes de guerra cometidos en Yemen
Lo que constituye un crimen de guerra se puede encontrar tanto en el derecho internacional humanitario como en los tratados de derecho internacional, así como en el derecho internacional consuetudinario. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) proporciona una lista extensa de los actos que constituyen un crimen de guerra. Lamentablemente, tanto Yemen como muchos de los demás Estados involucrados en el conflicto no son parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, Reino Unido es un Estado parte del Estatuto de Roma, mientras que Estados Unidos ha firmado el tratado pero aún no lo ha ratificado. Además, muchas de las disposiciones prescritas en el Estatuto de Roma reflejan el derecho internacional consuetudinario. Es importante señalar el hecho de que la situación en Yemen está clasificada como conflicto armado no internacional (CANI), ya que el conflicto no traspasa las fronteras de Yemen.
Ciertas violaciones graves de la LOAC, como atacar intencional o imprudentemente a civiles o bienes de carácter civil, incluidos los bienes específicamente protegidos, constituyen crímenes de guerra que implican responsabilidad individual. Los ataques aéreos de la coalición han sido la causa de la gran mayoría de las víctimas civiles documentadas. Entre los objetivos se encuentran áreas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detención e incluso instalaciones médicas. En consecuencia, los funcionarios de ambos gobiernos podrían ser considerados responsables por crímenes de guerra. Dado que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra rige los CANI, describe que las personas que no participan activamente en las hostilidades no serán sometidas a violencia contra la vida y su persona. Los ciudadanos de Yemen han experimentado un impacto devastador en sus vidas cotidianas. A través del desprecio mostrado por el derecho a la vida por parte de Estados Unidos y Reino Unido en su apoyo a las fuerzas de la coalición, han violado su obligación bajo el Artículo 1 Común de las Convenciones de Ginebra de “comprometerse a respetar y asegurar el respeto de la presente Convención en todas las circunstancias ”.
Con respecto a la Responsabilidad del Estado, surge la pregunta de si EE.UU. y Reino Unido pueden ser considerados responsables en virtud de ayudar o asistir a la coalición en sus violaciones del derecho de los conflictos armados (LOAC). El artículo 16 del proyecto de artículos establece que “Un Estado que ayude o asista a otro Estado en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito por este último es internacionalmente responsable de hacerlo si:
- Ese Estado lo hace con conocimiento de las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito; y
- El hecho sería internacionalmente ilícito si lo cometiera ese Estado
Esto significa que EE. UU. y Reino Unido podrían ser considerados responsables de las acciones de la coalición, si conocieran las circunstancias de la violación de la LOAC y si la violación de la LOAC sería internacionalmente ilícita cuando la cometiera el Estado asistente. Este es ciertamente el caso de la guerra en Yemen. Como se muestra arriba, EE.UU. y Reino Unido tienen conocimiento de las circunstancias que rodean los ataques de la coalición. Estados Unidos y Reino Unido han estado ayudando a la coalición liderada por Arabia Saudita durante años a pesar del conocimiento de las deficiencias sistemáticas en sus prácticas de selección que podrían constituir una forma de intención. En la hipotética situación de que las acciones perpetradas por la coalición fueran ejecutadas por Reino Unido o Estados Unidos, estas serían una violación de numerosas obligaciones internacionales.
Se sabe que la coalición liderada por Arabia Saudita ha utilizado ampliamente los ataques aéreos como un medio para derrotar a los hutíes. Los informes han indicado que los materiales utilizados en estos ataques aéreos son suministrados en gran parte por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Los funcionarios estadounidenses y británicos tienen pleno conocimiento de las circunstancias de las violaciones cometidas por la coalición liderada por Arabia Saudita, pero siguen apartando la cabeza de su complicidad en estos actos internacionalmente ilícitos.
Lamentablemente, la administración Trump anunció en 2019 que «anularía la firma» del Tratado de Comercio de Armas (TCA) que regula el comercio internacional de armas convencionales. Esta decisión socava la credibilidad, el liderazgo y la influencia de Estados Unidos. Demuestra un total desprecio por la pérdida ilegal y desproporcionada de vidas que se ha producido en este conflicto. Reino Unido ha expresado su compromiso con el TCA. El artículo 6.3 de la Convención establece que una parte no comerciará con armas si tiene conocimiento de que las armas se utilizarían en la comisión de graves infracciones de la Convención de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o civiles protegidos como tales u otros crímenes de guerra. Como se explicó anteriormente, Reino Unido sabe desde hace varios años que sus armas se utilizan en ataques contra civiles u objetos civiles. Las acciones de Reino Unido contravienen directamente el TCA.
Estados Unidos y Reino Unido firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) que establece en el artículo 3 el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. A través del apoyo continuo que ambos países han brindado a la coalición, están violando indirectamente esta protección fundamental que se ofrece a todas las personas en el mundo.
El Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen ha expresado su preocupación por la falta de rendición de cuentas con respecto a las graves violaciones de derechos humanos, clasificándolo como una “brecha aguda de responsabilidad”. De igual manera, el Grupo de Expertos ha expresado su malestar ante la transferencia de armas de terceros estados a los actores del conflicto. El Grupo ha dicho que estas transferencias de armas muestran un flagrante desprecio por los patrones continuos de violaciones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos. También ha declarado que tales acciones podrían equivaler a ayudar y asistir en hechos internacionalmente ilícitos en contravención del derecho internacional. Este es precisamente el caso, ya que EE. UU. y Reino Unido han violado el derecho internacional consuetudinario, así como sus obligaciones contractuales en virtud de varios instrumentos legales internacionales al ayudar y asistir a las fuerzas de la coalición en Yemen.
Estados Unidos y Reino Unido deberían ser legalmente responsables de las acciones que ocurrieron en Yemen. Estas acciones han alcanzado el umbral legal para constituir crímenes de guerra. Los gobiernos de estos dos países han ignorado de forma continua y flagrante las reglas fundamentales de la LOAC y han violado indirectamente varios derechos humanos de la población de Yemen. La comunidad internacional debe asegurarse de que Estados Unidos y Reino Unido dejen de enviar armas dado que están causando un inmenso sufrimiento en la población civil. Debería iniciarse una investigación internacional sobre la responsabilidad de Estados Unidos y Reino Unido por violaciones del derecho internacional en Yemen.
