La guerra civil yemení es un conflicto multidimensional en curso que comenzó a finales de 2014 principalmente entre dos facciones: el Gobierno yemení dirigido por Abdrabbuh Mansur Hadi y el movimiento armado houthi, junto con sus partidarios y aliados. Ambas facciones afirman constituir el Gobierno oficial de Yemen.
La guerra civil comenzó en septiembre de 2014 cuando las fuerzas houthis tomaron la capital, Sana’a, a lo que siguió una rápida toma de posesión del Gobierno por parte de los houthis. La coalición dirigida por Arabia Saudita inició operaciones militares utilizando ataques aéreos para restablecer el antiguo Gobierno yemení y, a pesar de que no hubo una intervención directa de Irán, que apoya a los Houthis, el conflicto ha sido ampliamente visto como una extensión de la guerra entre Irán y Arabia Saudita y como un medio para combatir la influencia iraní en la región.
Un informe difundido por la Comisión Europea en diciembre de 2018 estima en 60.000 las víctimas mortales del conflicto, frente a los 10.000 que mantiene la ONU en sus registros desde 2016.
La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la campaña de bombardeo dirigida por Arabia Saudita, que ha incluido el ataque generalizado de zonas civiles. Según el Proyecto de Datos de Yemen, dicha campaña ha matado o herido a 17.729 civiles hasta marzo de 2019.
Los Estados Unidos proporcionaron inteligencia y apoyo logístico para la campaña liderada por Arabia Saudita. En marzo de 2019, ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos votaron para aprobar una resolución para poner fin al apoyo de los Estados Unidos al esfuerzo bélico de Arabia Saudita. Fue vetada por el Presidente Donald Trump y en mayo, el Senado no pudo anular el veto.
En cuanto al papel que juega España en este conflicto, la Ley de Comercio de Armas española establece que no se exportarán armas cuando existan motivos fundados para creer que el material de defensa puede ser utilizado en acciones que puedan perturbar la paz, la estabilidad o la seguridad; o puede ser utilizado de forma contraria a la dignidad inherente a la persona humana con fines de represión interna o en situaciones de violación de los derechos humanos. Además, es importante añadir que España también es Estado Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, que pone de relieve cuestiones similares.
Según Armas Bajo Control, una coalición de ONGs formada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón; existen pruebas que vinculan la compra de armas a España por parte de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí con docenas de ataques ilegítimos en Yemen. Es por ello que España, a través de la venta de armas a estos países beligerantes, se convierte de forma indirecta en cómplice de estos abusos.
Desde que comenzó la guerra civil yemeiní en 2015, España ha ingresado en las arcas públicas una totalidad de 1.700 millones de euros gracias a la venta de armas a los miembros de la coalición liderada por Arabia Saudita. Además, se ha posicionado como el cuarto y quinto exportador de armas a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos, respectivamente. Esto, no sólo viola los tratados y leyes mencionados con anterioridad, sino que además convierte a España en un actor político relevante en la actual crisis humanitaria en Yemen y le otorga responsabilidad para con el pueblo yemeiní.
En 2017, la coalición Armas Bajo Control denunció la venta de armas españolas a Bahrein (entre otros países) a pesar del «riesgo de ser utilizadas en la represión de la disidencia y el conflicto en Yemen». De hecho, se ha identificado en territorio yemení una granada Alhambra española comprada por Bahrein, lo que supone una clara evidencia de la participación de armas españolas en dicha guerra. Por tanto, numerosos informes demuestran que no se está aplicando la legislación pertinente y sin embargo, el Gobierno español sostiene a día de hoy que no tiene conocimiento del desvío de armas a los rebeldes en Yemen.
España mantiene fuertes relaciones económicas con países como Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Como se ha dicho anteriormente, las exportaciones de armas militares de España a estas naciones beligerantes se utilizan sin duda para la ejecución de estas violaciones a los derechos humanos en el conflicto yemení, más que para la protección de la población civil. Es por esto por lo que desde ADHRB instamos al Gobierno español que ponga fin a estas actividades comerciales en defensa de los derechos fundamentales y de la paz.
