Los accionistas del Córdoba CF fueron citados el pasado 26 de agosto a las 18:00 horas en El Arcángel para celebrar su Junta General Ordinaria. Con una duración de poco más de 15 minutos y fechada en agosto en pleno período vacacional, el Córdoba CF celebró una de las juntas más atípicas en sus 20 años de historia. A pesar de su corta duración, el orden del día constaba de cuatro puntos: el primero de los cuales fue el “examen y aprobación (…) de las Cuentas Anuales de la Sociedad verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad; así como el Informe de Gestión de la Sociedad”. El segundo punto versó sobre el “examen y aprobación (…) de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019”; el tercero trató sobre el “examen y aprobación (…) de la gestión realizada por el órgano de administración” durante el ejercicio. Por último, el cuarto punto reflejó el “examen y aprobación (…) del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2019/2020”. Lamentablemente, la venta de la unidad productiva a Infinity Capital, un fondo de inversión con capital de Bahréin, no fue incluida en el orden del día. Un movimiento que no sorprendió ni a propios ni a extraños, ya que el administrador judicial y concursal del Córdoba CF, Francisco Estepa, fue quien tomó la decisión de vender la unidad productiva a Infinity, en contra de la opinión de los accionistas personados el pasado miércoles en la junta.
La parlamentaria de Adelante Andalucía, Luz Marina Dorado, ya había advertido el pasado 26 de junio de que la familia real de Bahréin pretende utilizar la compra del club andaluz de fútbol con el objetivo de mejorar su imagen pública y de blanquear sus continuas violaciones de derechos humanos. Un lavado de imagen aparentemente más que necesario, ya que el diminuto país del Golfo Pérsico se ha hecho más conocido internacionalmente por la manera en que el Gobierno ha acabado con la disidencia política y criminalizado a los defensores de los derechos humanos, que por sus majestuosos paisajes y rica cultura. Además, Nasser bin Hamad Al Jalifa, uno de los dos miembros de la familia real bahreiní involucrados en esta operación, fue uno de los Al Jalifa que más se posicionaron en contra del movimiento pro-democracia que se originó en el año 2011 en Bahréin. En medio de este levantamiento popular, Nasser llegó a amenazar públicamente a los atletas que se atrevieran a participar en él, pronunciando las siguientes palabras: “A todos los que piden la caída del régimen, un muro caerá sobre sus cabezas. Cualquiera que esté implicado en este asunto y sus redes de apoyo será castigado. Ya sea un atleta, un activista o un político. Hoy es el día del juicio. Bahréin es una isla y no hay escapatoria”. Tanto Nasser como Salman bin Hamad Al Jalifa, el otro Al Jalifa ligado al fondo de inversión Infinity, han sido presuntamente acusados de corrupción y por cometer graves violaciones de los derechos humanos.
La familia real de Bahréin ya ha utilizado esta técnica de blanqueamiento deportivo (sports whitewashing, en inglés) con anterioridad. En el año 2002 el reino de Bahrein firmó un contrato a largo plazo para acoger una carrera de Fórmula 1 en su territorio nacional. En el año 2004 se disputó la primera carrera del Gran Premio de Bahréin. 11 años más tarde, la familia real de Bahréin volvió a replicar la exitosa fórmula y fundó uno de los mejores equipos de triatlón del mundo. Decidieron llamarlo Bahrain Endurance 13, que casualmente es de la misma manera por la que se conoce a trece destacados activistas y presos políticos que jugaron un rol importante en la primavera árabe de 2011. Dos años después, la familia real de Bahréin se hizo con el Córdoba CF y en 2020 con el control del Paris FC. Todas estas adquisiciones forman parte de un plan premeditado para, por una inversión relativamente pequeña, lavar y blanquear la imagen del Reino de Bahréin y desviar la atención mediática sobre sus graves violaciones de los derechos humanos.
En su intervención ante el gobierno andaluz, Luz Marina Dorado alegó que “no podemos permitir que la ciudad de Córdoba y el equipo de fútbol que lleva su nombre estén en manos de gente que pretende utilizarlos para blanquear un régimen que viola los derechos humanos”. Está claro que la familia real de Bahréin está intentando tapar sus violaciones de derechos humanos a través de la compra de varios clubs deportivos. La pregunta es: ¿debería el club de Córdoba y su ciudadanía permitirlo? ¿deberíamos aceptar ser dirigidos por dos personas acusadas presuntamente de cometer actos de tortura y corrupción?
La no mención de la venta del club de Córdoba al fondo de capital “Infinity Capital”, controlado por la familia real bahreiní demuestra la falta de compromiso y voluntad del actual administrador judicial y concursal para tener esta conversación. Sin embargo, en ocasiones los silencios dicen más que las palabras. El silencio de Francisco Estepa lo delata.
