Freedom of Information Act (FOIA), traducido en España como Ley de transparencia, es una ley que regula el acceso de los ciudadanos a información sobre actividades públicas. Esta ley tiene tres objetivos principales: aumentar y fortalecer la transparencia en los aspectos públicos del gobierno, protege y garantiza el acceso a la información, y articula las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las autoridades públicas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 10 de diciembre de 2013 y, desde entonces, mediante el Portal de la Transparencia la ciudadanía puede solicitar dicha información.
Estos mecanismos acercan y hacen partícipe a los ciudadanos de las decisiones de la Administración Central. Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) hizo uso de esta herramienta con el fin de interpelar al Gobierno sobre ciertos temas de especial relevancia tanto para Bahréin como para la comunidad internacional en general, como son las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producen en el mencionado país.
ADHRB utilizó la mencionada Ley de Transparencia (FOIA, por sus siglas en inglés) para solicitar información sobre la comunicación, relación e intervención del Parlamento español en Bahréin, a fin de mejorar la transparencia del Gobierno y comprender mejor el impacto real de España en las violaciones de los derechos humanos que se producen en Bahrein. ADHRB presentó un total de tres solicitudes que fueron contestadas por el Subdirector General para el Oriente Medio, Pablo Barbará Gómez, quien intentó responder a las preguntas que fueron proporcionadas por ADHRB.
Una de las solicitudes se refería a la postura de España sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Bahrein. ADHRB comenzó describiendo los acontecimientos relacionados con la primavera árabe en Bahréin en el año 2011 y las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en consecuencia. En dicha petición, ADHRB solicitó información sobre la posición de España con respecto a los abusos de los derechos humanos en Bahrein y si se ha realizado alguna declaración pública sobre este asunto.
En respuesta, el Sr. Barbará declaró que España vigila la situación de los derechos humanos en Bahrein, pero que también respeta la política de no injerencia en los asuntos internos de terceros Estados. El Sr. Barbará declaró que España expresaba su preocupación por la pena capital aplicada entre 2010 y 2017, pero no explicó en qué forma se manifestaba esta ni por qué España dejó de pronunciarse al respecto a partir de 2017, aún cuando todavía la pena de muerte sigue siendo un problema de urgencia en Bahrein que compete al ámbito internacional. Tras las respuestas obtenidas, queda claro que la principal intervención de España con respecto a las violaciones de los derechos humanos en Bahrein se ha realizado a través de su pertenencia a la Unión Europea, ya que la U.E. mantiene regularmente un diálogo oficioso sobre los derechos humanos como parte de sus relaciones con el Reino de Bahrein. De hecho, la última intervención sobre este hecho tuvo lugar el 7 de noviembre de 2019 en Bruselas, en relación con el derecho a un juicio justo y a cerca de las detenciones arbitrarias. Además, el Sr. Barbará declaró que España trabajaba con el Consejo de Derechos Humanos en el marco de los Exámenes Periódicos Universales (EPU) en 2017, instando a Bahrein a lo siguiente: ratificar los tratados internacionales sobre derechos humanos; restablecer la moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte; reformar la educación y formación que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de Bahréin en materia de derechos humanos así como prevenir abusos por parte de las mismas; y poner fin a la represión de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos, periodistas y ONGs.
ADHRB también solicitó información detallada sobre la todavía relación existente entre el Rey de España y el Rey de Bahrein, especialmente durante el año pasado; incluyendo detalles concretos sobre las reuniones y si éstas se celebraron en el marco de la Unión Europea, el Consejo de Cooperación del Golfo o la Liga Árabe, o en el contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países.
El Sr. Barbará respondió que entre 2019 y 2020 se habían producido siete casos de comunicación entre las autoridades españolas y el Reino de Bahrein. En primer lugar, se produjeron varias reuniones con el Ministro de Relaciones Exteriores: el 4 de febrero de 2018 entre el Ministro Borrel y su homólogo Al Jalifa en el marco de la quinta reunión ministerial de la Liga de Estados Árabes y la Unión Europea en Bruselas, y el 18 de mayo de 2020, mediante una conversación telefónica entre el Ministro González Layla y Mologo en el contexto de la pandemia. En segundo lugar, se celebraron varias reuniones con otros ministros españoles, entre ellas, el 25 de septiembre de 2019, entre el Ministro Abalos y su homólogo, el Sr. Kamal bin Ahmed Mohammed, en Montreal. Y finalmente, reuniones con el Director General español para el Magreb, el Mediterráneo y Oriente Medio, la Sra. Martínez y el Sr. Fawaz Bin Mohammed Al Jalifa el 2 de enero de 2019, el 27 de enero de 2019 y el 6 de febrero de 2020.
Cabe destacar la falta de atención del Gobierno español ante las denuncias de ADHRB, ya que se realizaron las mismas preguntas que fueron formuladas a cerca de la situación en Bahréin, sobre la situación de Arabia Saudita, y la respuesta obtenida fue idéntica.
Gracias a la utilización del Portal de Transparencia por parte de ADHRB ha sido posible comprender mejor la posición del Gobierno español respecto de las violaciones de derechos humanos en Bahrein. Sin embargo, estas respuestas ambiguas son similares a las obtenidas cuando el Gobierno español fue preguntado directamente por el diputado de Compromís Joan Baldoví.
Podemos concluir por tanto que España rara vez ha actuado de manera independiente en relación a estos temas ya que el Sr. Barbará sólo dio ejemplos concretos de la intervención de España en Bahréin a través de la labor de la Unión Europea (en la que España, por supuesto, participó debido a su condición de miembro). Esta falta de intervención de España fue justificada por el Sr. Barbará como una política de «no injerencia», y sin embargo, España tiene claramente una estrecha relación con Bahrein, tal y como declaró el propio Sr. Barbará cuando señaló que en el último año se habían producido hasta siete reuniones entre diferentes ministros de España y de Bahrein. Por consiguiente, se podría concluir que las autoridades españolas no están dispuestas a romper su estrecha relación con Bahréin para intervenir directamente en favor de los derechos humanos y sólo responde a esto mediante intervenciones conjuntas de la UE. En última instancia, el Gobierno ha tratado de encubrir su falta de intervenciones mencionando únicamente las intervenciones conjuntas de la UE y las intervenciones en otros Estados del Golfo como Arabia Saudita, cuando en realidad los esfuerzos realizados de forma independiente han sido mínimos.
