El 27 de mayo de 2020, Joan Baldovi, miembro del Compromiso de la Coalición, presentó una segunda serie de preguntas al Gobierno español en relación con el estado de los presos políticos y los informes de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Bahrein, debido a que las preguntas anteriores recibieron respuestas insatisfactorias. El 14 de julio de 2020 el Gobierno español respondió a estas preguntas y una vez más su respuesta fue menos que satisfactoria.
El diputado Baldoví subrayó que requería «respuestas claras y directas» a las siguientes preguntas relativas a..:
- Las acciones diplomáticas que el Gobierno español ha empleado para fomentar el diálogo entre el rey de Bahrein y los líderes de la oposición.
- ¿Qué esfuerzos se han hecho para asegurar la liberación de los prisioneros políticos de Bahrein debido a la pandemia de COVID-19?
- Las acciones legales o diplomáticas del Gobierno español contra el Jeque Rashid bin Abdulla Al Khalifa y el Jeque Nasser bin Hamad Al Khalifa, para que se les haga responsables de los crímenes que han cometido contra la humanidad en Bahrein si planean viajar a España o a cualquier territorio de la Unión Europea.
La respuesta del Gobierno español fue muy general y aunque aceptó la importancia de los derechos humanos en su política exterior, destacó el hecho de que hay un límite a la implicación que están dispuestos a tener en los asuntos internos de un tercer país. La aparente cercanía entre los dos países a través de la relación de las familias reales, se demuestra en las continuas investigaciones de Juan Carlos I relacionadas con el blanqueo de dinero patrocinado por la familia real de Bahrein.
En 2010, cuando todavía era rey, Juan Carlos I recibió €1,7 millones ($1,9 millones) del gobernante de Bahrein, supuestamente como regalo en reconocimiento de su posición en la región del Golfo, que depositó en la cuenta bancaria suiza de la entidad panameña Lucum, donde el ex monarca fue nombrado como su primer beneficiario. Esto salió a la luz en 2020 como resultado de una investigación de las autoridades suizas que comenzó en 2018. Cabe destacar la continuación de las relaciones entre los dos países con la visita en 2014 de Juan Carlos I, junto con tres ministros del Gobierno y los principales dirigentes empresariales que visitaron Bahrein para promover y establecer relaciones financieras entre los dos países.
Aunque la respuesta se centró en el papel del Gobierno español en el Consejo de Derechos Humanos, no se compartieron los pasos concretos para avanzar en la causa ni las medidas independientes que está tomando el Gobierno español. En cuanto a las preguntas específicas sobre las acciones diplomáticas y legales contra los miembros de la familia real implicados, así como la inculcación de una relación entre la familia real y el líder de la oposición, el Gobierno español no respondió. Esto a pesar de que, según la reciente revelación de los medios de comunicación, la aparente relación establecida ya fomentaba entre los dos países a través de las familias reales. El Gobierno no abordó cómo trataría de utilizar esta relación para abrir y fomentar el diálogo en el ámbito de los derechos humanos.
La única pregunta que fue respondida directamente estaba relacionada con la liberación de prisioneros a la luz de los riesgos de COVID-19. Es importante recalcar que del total de los prisioneros liberados, tan sólo uno de ellos era un prisionero político y que únicamente se le concedió una licencia condicional. El resto de prisioneros políticos permanecieron encerrados. Sin embargo, en vez de mencionar los esfuerzos que deben realizarse para garantizar la liberación de todos los presos políticos sin excepción, el Gobierno español se limitó a apuntar que Nabeel Rajab, uno de los mayores opositores del régimen, fue el único liberado por el Gobierno de Bahrein
Las recientes revelaciones de los pagos al rey emérito y la reciente compra del equipo de fútbol Córdoba CF parecen indicar que ya existe una relación significativa entre los dos países que podría beneficiar en la mejora de los derechos humanos. Sin embargo, parece que aunque el Gobierno español no cree que deba involucrarse formalmente en temas internos de terceros países, el Gobierno de Bahrein siente una cercanía al Gobierno español como una contraparte dispuesta a apoyar un rango de actividades identificado con la familia real y Cordoba CF y a través de estas relaciones publicas efectivas, el encubrimiento de los abusos de los derechos humanos.
Esto nos lleva a preguntarnos si la razón por la que el Gobierno español está evitando responder directamente a estas preguntas realmente se debe a su deseo de respetar la soberanía de Bahrein. ¿No será quizás que no quiere que se hable acerca de la corrupción y del lavado de dinero existente entre ambos países?
