Ali fue privado de completar su último año de secundaria en la Escuela Industrial de AL-Muharraq y de jugar a su pasatiempo favorito, el balonmano. En 2015, Ali fue arrestado sin una orden judicial. Fue objeto de numerosas violaciones de derechos humanos: interrogado sin abogado, condenado en un juicio injusto y sometido a tortura para lograr una confesión, Ali permanece hoy en día en la Prisión Central de Jau.
El 18 de septiembre de 2015, las fuerzas policiales junto con una serie de individuos enmascarados, allanaron el apartamento donde Ali se escondía, situado en la aldea A’ali, y lo arrestaron sin presentar ninguna orden. Ali huyó de la policía dado que las autoridades lo buscaban por otros delitos. Fue declarado en rebeldía y condenado a cadena perpetua, basándose en la confesión de un amigo de Ali que fue arrestado antes que él y que, bajo tortura, informó a las fuerzas de seguridad sobre la ubicación de Ali. La casa de Ali fue previamente allanada varias veces por las fuerzas de seguridad, tratando de encontrar y arrestar a Ali, para su inspección, o para convocar al padre de Ali para la investigación con el fin de amenazarlo para exigirle que Ali que se entregue.
Tras su detención, Ali fue llevado a la Dirección de Investigaciones Criminales (CID), donde pudo llamar a su padre para informarle de que se encontraba allí. El interrogatorio duró tres días, en los cuales fue sometido a múltiples torturas. El 21 de septiembre de 2015, Ali fue llevado ante el Fiscal (PPO), y al día siguiente fue trasladado a la prisión de New Dry Dock. A finales de 2018, tras cumplir 21 años, fue trasladado a la Prisión Central de Jau, donde todavía permanece.
Mientras estaba en el CID, Ali fue sometido a torturas físicas y psicológicas. Fue agredido severamente, entre otras cosas, pero sin embargo, Ali nunca se lo mencionó a su familia, con el fin de evitarles ese sufrimiento. En la PPO, Ali fue amenazado y sometido a malos tratos durante la investigación para que así confesara los cargos que se le imputaban, obligándole finalmente a confesar bajo coacción. Ali ha identificado al oficial de la PPO responsable de las torturas y malos tratos: el Fiscal adjunto Muhammad al-Dharhani, perteneciente a la familia real.
Ali no poseía ni el tiempo ni las instalaciones adecuadas para poder preparar la defensa para su juicio. Además, Ali no fue llevado ante el juez en las 48 horas siguientes a su detención sino que fue llevado a los cuatro días. A Ali se le negó la comunicación con su abogado, el cual no pudo asistir al interrogatorio. Además, Ali no pudo presentar ni pruebas ni impugnar aquellas presentadas en su contra. Por último, se le prohibió recibir visitas en las primeras dos semanas de su detención, no pudiendo ver a su familia en este tiempo.
Ali fue condenado por el Alto Tribunal Penal en varias ocasiones: 1) El 30 de diciembre de 2014 fue condenado a la cadena perpetua por detonar una bomba, por intento de asesinato y por posesión de botellas explosivas, 2) El 18 de abril de 2015 fue condenado a 5 años de prisión por provocar un incendio intencionado, 3) El 13 de abril de 2017 fue condenado de nuevo a 5 años de prisión por otro delito grave de incendio provocado, por un delito menor de reunión ilegal y disturbios, y por posesión y adquisición de material incendiario. 4) Por último, el 16 de abril de 2017 fue condenado a años de prisión por causar un incendio intencional y por atacar a un oficial del ejército.
El 26 de octubre de 2016, el Tribunal Superior de Apelación Penal anuló la condena a cadena perpetua contra Ali, reduciéndola a 15 años de prisión. Dicho Tribunal a su vez anuló otras sentencias contra Ali. En la actualidad, la condena de Ali asciende a los 28 años.
Durante su estancia tanto en la nueva prisión Dry Dock como en la Prisión Central de Jau, Ali fue objeto de insultos y agresiones verbales. Se le prohibió practicar su religión y, si lo hacía, la administración le prohibía hacer llamadas telefónicas y recibir visitas como castigo.
A Ali se le negó tratamiento médico para tratar las lesiones de ligamentos producidas mientras era perseguido por la policía. Fue llevado al Hospital Al-Qalaa pero no recibió ninguna cura. Posteriormente, la familia de Ali presentó una queja ante el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior por la negación del derecho a asistencia médica. La respuesta de este mecanismo siguió sin ser capaz de darle un tratamiento para curar sus dolencias.
La situación de Ali es una violación de la obligación internacional de Bahrein en materia de derechos humanos en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, convenios en los cuales Bahrein es signatario. Ali no tuvo el derecho de comunicarse con su abogado durante su interrogatorio, su detención se produjo sin una orden judicial, fue torturado y desaparecido por la fuerza y no fue presentado de inmediato ante una autoridad judicial. Además, la condena de Ali, a la luz de las confesiones forzadas realizadas por otros, fue el objeto de un juicio injusto. A Ali se le prohibió practicar su religión, fue sometido a vejaciones y torturas, y se le negó el derecho a asistencia médica. Por las razones mencionadas, la detención, el interrogatorio y los juicios de Ali constituyen una violación de los artículos 7, 9, 10, 14, 17 y 18 del PIDESC. La denegacion de la atención médica necesaria es una violación del artículo 12 de PIDESC, que establece el derecho a la salud, y la tortura a la que Ali fue sometido, desde el día de su arresto y hasta su llegada a la prisión de Jau constituye una violación significativa de la Convención contra el CAT.
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) pide al gobierno de Bahrein que libere a Ali con efecto inmediato. Si se pueden presentar cargos en su contra, ADHRB pide que se celebre un nuevo juicio que se ajuste a las normativa internacional. ADHRB pide al Gobierno de Bahrein que investigue las denuncias de tortura de Ali, con el fin de que los perpetradores rindan cuentas. Además, ADHRB insta a las autoridades a que proporcionen a Ali un tratamiento médico adecuado para el deterioro de sus condiciones.
