El defensor de los derechos humanos Naji Ali Fateel es un destacado activista , bloguero, organizador de protestas y cofundador de la Sociedad Juvenil de Derechos Humanos de Bahrein (BYSHR). Fateel ha sido detenido en numerosas ocasiones por su participación en manifestaciones pacíficas. En 2013, fue arrestado arbitrariamente en su propia casa y, posteriormente, fue torturado y maltratado, con descargas eléctricas, amenazas, palizas y privación de comida y sueño. El activista fue sentenciado en un juicio injusto y actualmente permanece en la prisión de Jau, todavía con lesiones graves causadas durante la tortura.
El 2 de mayo de 2013, la casa de Naji en la aldea de Bani Jamra fue asaltada sin orden judicial por 12 agentes de policía vestidos de civil y miembros del Comando de las Fuerzas de Seguridad Especial (SSFC). Los policías enmascarados intimidaron a sus familiares y confiscaron sus pertenencias, incluido el ordenador portátil y el teléfono móvil de Naji. Los agentes también incautaron algunos documentos personales, además del ordenador portátil de su hija y la cámara de su esposa. A continuación, los agentes golpearon a Naji en frente de su familia, lo esposaron y lo obligaron a subir a un autobús blindado. En el autobús, lo colocaron en el suelo y los agentes le golpearon en la cabeza.
De camino a la Dirección de Investigaciones Criminales (CID), un oficial le entregó un teléfono y lo amenazaron. A pesar de estas amenazas, el activista permaneció en silencio. Los agentes de policía y el personal de la SSFC no proporcionaron ninguna orden judicial en el momento del arresto. Naji creyó que fue arrestado por su activismo en derechos humanos, que fue especialmente frecuente durante la crisis política de 2011 en Bahréin, periodo en el cual recibió múltiples amenazas de muerte. Desde la crisis, la policía lo ha estado persiguiendo y vigilando. Sin embargo, fue detenido por su participación en el 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2013, que tuvo lugar del 25 de febrero al 22 de marzo de 2013.
A su llegada a la Dirección de Investigaciones Criminales (CID), Naji fue puesto en régimen de aislamiento durante tres días. Solo se le permitió ponerse en contacto con su familia el 4 de mayo de 2013. Fue acusado de participar en una reunión ilegal con el propósito de alterar la seguridad pública mediante el uso de la violencia; establecer el grupo «Coalición 14 de Febrero» con la intención de reformar la Constitución; y participar en los disturbios en la prisión de Jau el 10 de marzo de 2015.
Después de que se llevaran a cabo tres juicios entre mayo de 2013 y enero de 2016, Naji fue condenado a un total de 25 años y 6 meses de prisión por los cargos presentados en su contra. Se han confirmado todas las sentencias dictadas contra el activista; excepto en la tercera instancia, donde la pena se redujo posteriormente a diez años. El 9 de mayo de 2013, fue detenido por el Ministerio Público (PPO) bajo sospecha de violar el artículo 6 de la Ley Antiterrorista de Bahrein de 2006. A pesar de haber solicitado al Fiscal General un abogado, se le negó el derecho a contactarlo.
Posteriormente, Naji fue trasladado al CID para su interrogatorio, donde fue sometido a torturas y malos tratos, incluidos fuertes golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas en los genitales, simulacro de ahogamiento, insultos verbales, amenazas de publicar fotos privadas de su esposa y permanecer en confinamiento solitario durante tres días. Fue torturado repetidamente durante los interrogatorios y recibió amenazas de violación. También fue amenazado con la detención de su familia si no cumplía con los oficiales de instrucción. El activista cuenta cómo se desmayó dos veces mientras lo colgaban del techo y, como posteriormente, le tuvieron que trasladar a un hospital. También detalló cómo fue sometido a privación de sueño y obligado a permanecer de pie durante largos períodos de tiempo. Además, se le negó el derecho a orar y estuvo esposado y con los ojos vendados durante las investigaciones. Tras su tortura, fue obligado a firmar una confesión sin conocer el contenido del documento.
Cuatro días después de su arresto, Naji fue llevado ante la Fiscalía. El fiscal general le negó su derecho legal a tener un abogado durante su interrogatorio. Fue trasladado desde y hacia el edificio de la Fiscalía Pública y el CID, debido a su falta de voluntad para cooperar con los oficiales de investigación. En el CID, fue torturado hasta que perdió el conocimiento y tuvo que ser remitido a un hospital. Cuando se despertó, fue devuelto al PPO y obligado a firmar una confesión. Posteriormente fue trasladado al CID. A lo largo de esta terrible experiencia, Naji se vio privado de comida. Todos estos procedimientos ocurrieron en la misma noche. La semana siguiente a su arresto, fue trasladado al Bloque 5 del centro de detención de Dry Dock.
Dos o tres meses después de la detención de Naji, recibió la visita del fiscal jefe de la prisión de Jau, que deseaba entrevistarlo sobre su presunto papel en los disturbios de la prisión de Jau. Una vez más, el activista exigió que hubiera un abogado presente durante la entrevista. En respuesta a su solicitud, el fiscal jefe dijo que reprogramaría la investigación después de contactar con su abogado. Según Naji, nunca se volvió a saber de nada de esto.
Su familia solo pudo visitarlo el 29 de septiembre de 2013, después de que se dictó la segunda sentencia en su contra, pues se le había negado sistemáticamente el derecho a visitas. En julio de 2013, Naji fue trasladado a la prisión central de Jau. Según el Gulf Center for Human Rights, Naji fue uno de los muchos presos que fueron torturados física y psicológicamente a manos de las autoridades de Bahrein después de los disturbios en la prisión de Jau en 2015.
Naji sufrió varias lesiones, incluidas heridas en la espalda, como resultado de su tortura, sufre de pérdida de audición en el oído izquierdo y depende de un audífono en el otro. También ha sufrido una fractura en la pierna y la nariz, entre muchas otras lesiones. El activista solicitó ser examinado por un médico por una lesión que sufrió en la pierna izquierda mientras grababa una protesta. La cirugía para rectificar esta lesión se programó inicialmente para 2018, pero luego se canceló. Naji también ha mencionado que la comida de la prisión no es adecuada para esta condición de salud y le provoca dolores de estómago, ya que sufre de colesterol alto.
La confesión obtenida bajo coacción fue utilizada como prueba en su contra en el juicio, en relación con el primer y segundo caso. En 2013, asistió a una audiencia judicial y pudo mostrarle al juez las lesiones en la espalda que sufrió como resultado de la tortura. El juez transfirió a Naji a la Unidad de Investigación Especial (SIU) el mismo día. El Fiscal General vio las heridas en su espalda y le aseguró que se tomarían medidas. Le dijeron que lo examinaría un médico y luego lo trasladaron a la Detención del Dique Seco. Este examen no llegó a suceder.
Tras los disturbios en la prisión de Jau, Naji presentó varias denuncias ante la Unidad de Investigación Especial, el Ministerio Público, la Fundación Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Juez de Ejecución de Penas y el Fiscal General. Estas quejas no fueron atendidas. Además de esto, Naji y su esposa presentaron una denuncia ante el Defensor del Pueblo en 2014. Estas denuncias aún no se han investigado. En 2013, el presidente de la Law Society envió una carta al rey Hamad en la que expresaba su profunda preocupación por el arresto y detención arbitraria de Naji. No se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre la primera carta, ni una carta posterior, enviada en 2015, que retransmitió los hechos de una audiencia judicial de fecha 18 de noviembre de 2013, cuando, según informes, el juez impidió que la defensa entrevistara a los testigos de cargo, un policía silenció a un abogado, y otro abogado fue expulsado de la corte. Naji sigue siendo sometido a torturas físicas y psicológicas debido a su activismo dentro de la prisión de Jau; fue puesto en aislamiento durante 6 meses y se le han negado sus libertades religiosas.
En 2014, Naji inició una huelga de hambre por la libertad. El trato de Naji a manos de las autoridades de Bahrein es una prueba de las violaciones por Bahrein de sus compromisos internacionales de derechos humanos, incluidos, entre otros, los artículos 5, 7, 9, 10, 14, 17 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( ICCPR) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).
Americans for Democracy & Human Rights pide al gobierno de Bahréin la liberación inmediata de Naji Fateel y una investigación de su caso, sin más demora, con el fin de exigir responsabilidades a todos los autores de sus malos tratos
