El 16 de julio de 2020, ADHRB hizo una intervención oral en la sesión 44 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el EPU de España.
Señora Presidenta,
El gobierno español no ha sido transparente en su programa de reforma de la policía y las fuerzas de seguridad, lo cual fue la demanda de muchas organizaciones no gubernamentales locales e internacionales como resultado directo de los eventos que tuvieron lugar en y después de octubre de 2017 en Cataluña. Varias organizaciones expresaron su pesar por el hecho de que, el 1º de octubre de 2017, fecha en que se celebró el referéndum en Cataluña, la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieran un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra los ciudadanos que se habían reunido pacíficamente en diversos lugares de Cataluña. Indicaron que, en muchos casos, la policía antidisturbios se abalanzó directamente sobre la multitud, sin tratar primero de negociar una solución alternativa con ellos. Varias organizaciones afirmaron que, como resultado, los diversos hospitales atendieron a casi mil personas por lesiones causadas por las agresiones de la policía. El Gobierno español no celebró ni promulgó ninguna comisión de investigación a pesar de las graves violaciones de los derechos humanos y la violencia cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad españolas contra los protestante pacíficos. Nos gustaría preguntar a la delegación española: ¿Van a hacer responsables a los policías y funcionarios del gobierno por la violencia y los derechos humanos contra los manifestantes pacíficos? ¿Va a aprobar el gobierno español alguna legislación para proteger la libertad de expresión, especialmente en lo que se refiere al discurso político del movimiento de autodeterminación en el país?
A pesar de la retórica política del gobierno español sobre su preocupación por los civiles perdidos en los crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en Yemen. España es uno de los principales países en cuanto al suministro de armas y especialmente de bombas para la coalición liderada por los saudíes y los emiratíes. Las investigaciones demuestran que las armas compradas a España se utilizan para matar a civiles yemeníes inocentes. La venta de esas armas en primer lugar violó las leyes españolas. Así que la pregunta que tenemos para la delegación española: ¿Violó el gobierno español las leyes españolas al vender armas a Arabia Saudita a pesar de la oposición del Parlamento? ¿Se considera España responsable de los crímenes de guerra cometidos en Yemen con bombas de fabricación española por la coalición liderada por los saudíes? ¿Va a compensar el gobierno español a las víctimas yemeníes de los crímenes de guerra causados por su venta de armas a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos?
