Los Bidunes (forma abreviada del término Bidún jinsiyya y que significa «sin nacionalidad» en árabe) son unas minorías apátridas de Kuwait a los que, a pesar de haber vivido en este país desde tiempo inmemorial, se les ha denegado sistemáticamente la ciudadanía kuwaití. El gobierno de Kuwait clasifica a los Bidunes como «residentes ilegales«, a pesar de no tener una conexión alternativa con ningún otro país. Tras decenios de represión, los Bidunes siguen enfrentando a grandes dificultades cuando intentan obtener documentos civiles, educación y empleo, atención sanitaria y servicios sociales, así como cuando intentan ejercer su derecho al matrimonio y transmitir su nacionalidad a sus hijos. A pesar de estas claras dificultades, la comunidad internacional ha optado por no pronunciarse al respecto.
La mayoría de los Bidún procedieron de tribus nómadas nativas de la península arábiga, y se establecieron en Kuwait en 1961 cuando el país obtuvo la independencia. Sin embargo, muchos Bidunes no pudieron registrarse como ciudadanos, lo que los convirtió en apátridas. Esto se debió a que la Ley de Nacionalidad de 1959 les denegó la ciudadanía y el resto de privilegios otorgados a los ciudadanos no Bidún de Kuwait. Además, dado que en 1991, durante la invasión iraquí, algunos Bidunes se pusieron del lado de Iraq, el perjuicio nacional que se tenía contra ellos aumentó considerablemente. Se estima que un tercio de la población de Kuwait ha sido clasificada como Bidún, y el gobierno de Kuwait ha afirmado recientemente que debe de haber «más de 100.000» Bidunes en el país en 2014. Hoy en día, se cree que hay hasta 500.000 personas registradas como apátridas en la región del Golfo en total. Sin embargo, las cifras oficiales de los Bidunes en Kuwait son difíciles de determinar. Algunos activistas afirman que las estadísticas oficiales del gobierno kuwaití sobre el asunto están encubiertas, y estiman que el verdadero número de Bidunes en el país se acerca a los 240.000.
La negación del acceso a la ciudadanía de Bidún y sus consecuencias
A pesar de las promesas del gobierno kuwaití de resolver estas cuestiones relativas a la apatridia, las continuas enmiendas a la Ley de Nacionalidad han hecho que el acceso a la ciudadanía kuwaití sea cada vez más difícil. Desde la década de 1990, el gobierno ha establecido varios organismos para intentar procesar a los individuos Bidún. Entre ellos se encuentra el Comité Ejecutivo de Asuntos de Residentes Ilegales (ECIR), aunque se ha progresado poco. En noviembre de 2010, el Gobierno de Kuwait creó el Comité Bidún, que anunció un plan quinquenal para resolver la cuestión mediante la concesión de «facilidades» a los Bidunes y la supuesta concesión de la condición de nacionalidad a los que tienen derecho a ella. Sin embargo, su proceso de naturalización es complejo debido a la subdivisión dentro de las comunidades Bidún, y las pruebas presentadas por Amnistía Internacional sugieren que esta medida ha tenido un éxito muy limitado. Además, el acoso de las autoridades hacia los Bidunes ha aumentado y los Bidunes han sido el blanco de arrestos masivos, detenciones arbitrarias y, en un plano más general, persecución social.
Las madres kuwaitíes tampoco pueden transmitir su ciudadanía a sus hijos en virtud de la Ley de Nacionalidad debido a su género. Se estima que unos 4.000 ciudadanos kuwaitíes están casados con maridos Bidunes, y que sus familias comprenden más de 20.000 personas en el país. De ese total, 16.000 -esposos e hijos- se consideran Bidún según la ley kuwaití. Los hijos de madre kuwaití casada con un Bidún o con un padre extranjero se consideran Bidún, a menos que se les conceda la nacionalidad del padre extranjero, en cuyo caso se les considera extranjeros. Como el padre Bidún no tiene nacionalidad, sus hijos se consideran automáticamente Bidún, independientemente de la nacionalidad de la madre. La Ley de Nacionalidad de Kuwait también otorga al Ministerio del Interior la facultad discrecional de conceder a esos niños la ciudadanía kuwaití sólo en caso de fallecimiento del padre o de disolución del matrimonio.
El gobierno clasifica a los Bidunes como residentes ilegales y no se les expide ningún tipo de identificación civil, licencia de conducir o documentos de viaje. Por lo tanto, no pueden viajar al extranjero sin el riesgo de que, posteriormente, se niegue la entrada en Kuwait. Una entidad especializada del departamento del Estado kuwaití se ocupa de las cuestiones reglamentarias relativas a los Bidunes y de renovar sus tarjetas de seguridad, pero éstas no cuentan como prueba de identidad adecuada y sólo pueden utilizarse de manera limitada. También utilizan un sistema de códigos de colores, que muchos Bidunes consideran estigmatizante, aunque la negativa a utilizar estas tarjetas les impide acceder a los derechos más fundamentales y los coloca en un constante riesgo de detención. Las tarjetas de seguridad deben mostrarse cuando se solicitan documentos básicos, como certificados de nacimiento y de defunción, pero los Bidún suelen enfrentarse a negativas, amenazas o exigencias de soborno cuando intentan obtener su documentación.
Desde 1986, miles de Bidún no han podido disfrutar de los servicios estatales que requieren de identificaciones nacionales. En su lugar, los documentos temporales de los Bidún sólo son renovables según la buena voluntad del gobierno kuwaití. Como resultado, cientos de Bidunes no tienen documentos y a menudo tienen que depender de la caridad para sobrevivir. Debido a su discriminación, los Bidunes que pueden trabajar en el sector público aceptan salarios más bajos y condiciones de empleo más pobres que los ciudadanos kuwaitíes. A menudo se ven obligados a pagar honorarios más altos por la atención médica esencial que no pueden obtener en las instalaciones del Estado. Además, los padres Bidunes también deben enviar a sus hijos a escuelas privadas, que por lo general ofrecen un nivel de educación inferior al de las escuelas públicas a las que se les prohíbe la entrada. Los padres también tienen dificultades para pagar los gastos de escolaridad de sus hijos, incluso cuando están apoyados por organizaciones benéficas, y es común no escolarizar a las niñas para que los niños puedan asistir a la escuela a tiempo completo.
Ejemplos de discriminación: Educación y matrimonio
En el ámbito de la educación superior, los Bidunes se enfrentan a una constante discriminación y a un futuro incierto. Hasta 2014, a los Bidunes no se les permitía asistir a las universidades kuwaitíes. Incluso hoy en día, si se les ofrece una de las limitadas plazas recientemente disponibles, deben haber alcanzado al menos un promedio de 90% de calificación y obtener la autorización de seguridad del Sistema Central para Resolver el Estatus de Residentes Ilegales. Si bien este es el caso de los hijos de padres Bidunes, Refugees International publicó un informe en el que se afirma que los hijos de madres kuwaitíes y padres Bidunes pueden acceder a la educación pública hasta los dieciocho años. Una vez que el niño alcanza los dieciocho años, estos privilegios se pierden y se le considera Bidún, perdiendo inmediatamente su derecho a la educación superior y enfrentándose a una posible deportación si no consigue un permiso de trabajo o un empleo.
La experiencia discriminatoria de los Bidunes en Kuwait se agrava aún más por el procedimiento extraoficial que deben seguir para casarse. Si bien los ciudadanos kuwaitíes tienen el privilegio de seguir procedimientos sencillos y sin complicaciones, los Bidunes suelen encontrarse con muchas dificultades a la hora de regularizar sus matrimonios, ya que carecen de los documentos civiles necesarios para hacerlo. Sin embargo, hay una forma degradante de reconocer a los Bidunes como casados, que es mediante la falsa confesión de adulterio a la policía. Aunque sean inocentes, la documentación de una mujer que comete adulterio obliga a un reconocimiento general del matrimonio, en vista de que la mayoría de la sociedad kuwaití sigue tradicionalmente la fe islámica, y tal confesión de adulterio es inherentemente vergonzosa.
Los efectos de la apatridia: Persecución estatal y suicidio
La discriminación a la que los Bidunes se enfrentan diariamente, como la frustración de que se le niegue la documentación civil y el consiguiente rechazo de la educación y el empleo, ha dado lugar a varios casos de suicidio. En julio de 2019, Ayed Hamad Med’ath, un Bidún kuwaití de 20 años de edad, terminó con su vida al no poder soportar ser rechazado de otro empleo una vez mas debido a su condición jurídica.. Las autoridades negaron repetidamente al joven la documentación civil que constituye la base necesaria para poder conseguir un empleo o acceder a la educación y los servicios públicos. En lugar de tomar este suicidio como un trágico desencadenante para cambiar finalmente el sistema discriminatorio, el Ministerio del Interior rechazó toda responsabilidad por su muerte y atribuyo el hecho a la adiccion del joven a las drogas y a sus actividades delictivas. En respuesta a la muerte de Med’ath, activistas kuwaitíes organizaron una sentada pacífica para concienciar a la población sobre este injusto tema. Sin embargo, en lugar de permitir que los activistas celebraran esta reunión pacífica en conformidad con su derecho de reunión y libre expresión, las autoridades detuvieron a los organizadores de la protesta antes de que se celebrase.
Entre las personas que fueron arrestadas estaba el prominente defensor de los derechos humanos Abdulhakim al-Fadhli. Este fue su segundo arresto después de que las autoridades lo detuvieran en 2012 debido a su activismo de los derechos humanos. Tras su segunda detención el 12 de julio de 2019, antes de la sentada pacífica organizada para concienciar sobre las circunstancias de la muerte de Ayed Hamad Med’ath, Al-Fadhli fue detenido durante diecisiete días en régimen de aislamiento. En los tres primeros días después de su detención, las autoridades lo interrogaron sin darle la oportunidad de contactar a su abogado. Tras su aislamiento, fue trasladado a la Prisión Central de Kuwait, donde esperó su juicio, previsto para el 14 de agosto de 2019. Finalmente fue liberado de la prisión el 28 de enero de 2020, después de haber pagado una fianza de aproximadamente 3.000 euros (unos 3.300 dólares de los EE.UU.).
Al-Fadhli no fue el único al que las autoridades interrogaron en el contexto de la muerte de Med’ath. Al menos otros diecisiete defensores de los derechos de los Bidunes fueron arrestados sin orden judicial antes de la sentada pacífica prevista. Se les acusó de ser una amenaza para la seguridad nacional al difundir noticias falsas, organizar reuniones ilegales, así como de perjudicar a los países aliados y abusar del uso de teléfonos celulares. Durante su estancia en prisión, algunos de los activistas iniciaron una huelga de hambre para llamar la atención sobre la cuestión de la apatridia en Kuwait. La huelga de hambre duró doce días y llegó a su fin debido al empeoramiento de las condiciones de salud de algunos de los detenidos. Varias ONG, como Human Rights Watch (HRW), han pedido a las autoridades kuwaitíes que pongan inmediatamente en libertad a los activistas de los derechos de los Bidunes que se encuentran detenidos sin cargos «reconocibles», lo que va en contra del derecho internacional. HRW también observó que la respuesta de las autoridades al detener a los activistas impone más restricciones y coacción a las comunidades Bidún, en lugar de abordar respetuosamente la cuestión mediante la modificación de la legislación nacional.
En noviembre de 2019, unos meses después de que Ayed Hamad Med’ath terminara su vida, otros dos Bidún, Bader Mirsal al-Fadhli y Zayid al-Asami, se suicidaron por separado. Ambos hombres habían expresado abiertamente su frustración por ser apátridas en Kuwait. Su suicidio también podría haber sido una reacción a la presentación del nuevo proyecto de legislación de Kuwait a principios de noviembre de 2019 dirigido a las comunidades Bidún. El proyecto establecía que cada Bidún debía declarar su nacionalidad original en el plazo de un año para obtener la ciudadanía. Sin embargo, las personas que no proporcionen una nacionalidad de otro Estado serán declaradas «residentes ilegales» y, por lo tanto, se les impedirá solicitar la ciudadanía kuwaití. En vista de que muchos Bidunes de Kuwait no tienen ninguna conexión conocida con otro país, este proyecto de ley no propone una solución realista a los problemas de muchos Bidún, a saber, su acceso al reconocimiento legal.
Respuesta de la comunidad internacional y las obligaciones incumplidas de Kuwait en virtud del derecho internacional
A pesar del continuo sufrimiento de los Bidunes, la comunidad internacional permanece en silencio al respecto de los malos tratos en Kuwait. En el tercer Examen Periódico Universal de Kuwait, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, sólo siete de las organizaciones participantes abordaron la cuestión de la apatridia de Bidún. Del mismo modo, sólo doce países formularon recomendaciones a Kuwait en relación con esta cuestión. Sólo Noruega -con la Recomendación 157.302- recomendó claramente que Kuwait proporcionará plena ciudadanía y derechos a su población Bidún. Las declaraciones de otros países, como la Recomendación 157.297 de Francia, en la que se afirmaba que Kuwait debía proseguir sus esfuerzos para proporcionar la nacionalidad a los Bidún, fueron mucho más indulgentes. Además, hay disposiciones limitadas en las resoluciones aprobadas a nivel internacional que destacan las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los Bidún.
A pesar de las numerosas denuncias de los defensores de los derechos humanos y las ONG, ni los Estados ni las Naciones Unidas han sancionado o condenado esas violaciones del derecho internacional relativo a la condición de apátridas en Kuwait. Ello a pesar de que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en la que Kuwait es Estado Parte, prohíbe la discriminación basada en el origen nacional o la condición de apátrida. Además, la Convención sobre la apatridia de 1961, establecida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a una nacionalidad. Exige a los Estados que prevean salvaguardias en sus leyes de nacionalidad para evitar la apatridia en el momento del nacimiento y posteriormente en la vida. La Convención también tiene en cuenta las situaciones muy limitadas en que los Estados pueden privar a una persona de su nacionalidad aunque ello la convierta en apátrida. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los no ciudadanos ha subrayado que «toda persona debe, en virtud precisamente de su naturaleza humana, gozar de todos los derechos humanos», incluido el derecho a la educación y a la atención médica, con sólo unas pocas «excepciones aceptables» según las normas internacionales.
Conclusión
Kuwait debe abordar con eficacia la cuestión de los Bidún en el país, concediéndoles los derechos humanos y políticos de los que actualmente carecen. El hecho de permanecer apátridas en Kuwait garantiza que no sólo se impida a los Bidunes el acceso a las instalaciones básicas para vivir, sino que también sean discriminados activamente por la sociedad kuwaití en general, lo que hace que vivan como ciudadanos de segunda clase. Su presencia en la sociedad kuwaití es también una violación del derecho internacional, ya que los Estados nación tienen el deber de impedir la apatridia. El Gobierno de Kuwait debe poner fin a su práctica de persecución contra el pueblo bidún y concederle la ciudadanía para poner fin a cualquier otro sufrimiento de su pueblo y sus hijos.
