El 26 de junio, las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, creando conciencia sobre el continuo flagelo de la tortura en todo el mundo. En este día solemne, las organizaciones Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) y el Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) se solidarizaron con los supervivientes de la tortura e hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje para poner fin tanto al uso sistemático de la tortura en Bahrein, como a la cultura de impunidad que prevalece en el país.
A pesar de haberse comprometido a reformar sus políticas , el historial de Bahrein en materia de derechos humanos ha continuado deteriorándose en los últimos años. En 2017, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas criticó duramente los abusos sistemáticos de las personas detenidas por la policía, pero tres años después la tortura permanece profundamente arraigada en el sistema justicial de Bahrein y los abusos se denuncian de forma amplia y sistemática en todos los centros de detención.
El poder judicial de Bahrein sigue dependiendo en gran medida de las confesiones obtenidas mediante coacción para enjuiciar a los acusados, y los perpetradores de estos abusos rara vez han tenido que rendir cuentas por ello. Como ha señalado Human Rights Watch, los pocos enjuiciamientos que se han llevado a cabo contra oficiales bahreiníes acusados de abusos de los derechos humanos han «involucrado casi exclusivamente a oficiales de bajo rango y han dado lugar -sin excepción- a absoluciones o sentencias desproporcionadamente ligeras». Además, los órganos locales de supervisión de los derechos humanos, frecuentemente alabados por los aliados occidentales de Bahrein, han fracasado sistemáticamente en la obtención de justicia para las víctimas y se les acusa de o no investigar los abusos o de encubrirlos.
El uso continuado de la tortura y la pena de muerte contra los disidentes
Desde que el movimiento de protesta prodemocrático de Bahrein fuese aplastado en 2011, la oposición política del país ha sido reprimida sin piedad, siendo la tortura un elemento central del aparato represivo del Estado. La mayoría de los líderes de la oposición, incluidos el Dr. Abdujalil AlSingace, Abdulwahab Hussain, Hassan Mushaima, Mohammed Habib al-Miqdad y Abdulhadi AlKhawaja, siguen encarcelados en la tristemente célebre prisión de Jau, donde continúan siendo objeto de malos tratos.
En 2017, Bahrein abandonó una moratoria de facto de 10 años sobre la pena de muerte y desde entonces se han llevado a cabo seis sentencias de muerte, en las que la tortura ha desempeñado un papel importante al haberse obtenido las confesiones mortales de esta manera. El verano pasado, Ali Al Arab, de 24 años, y Ahmed Al Malali, de 25 años, fueron ejecutados en medio de acusaciones generalizadas de tortura y violaciones del debido proceso, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales describió sus muertes como «asesinatos arbitrarios». En 2020, Bahrein volvió a imponer la pena de muerte a Mohamed Ramadhan y Husain Moosa, a pesar de las pruebas creíbles de que las confesiones utilizadas para condenarlos fueron extraídas bajo coacción. Apenas la semana pasada, el Tribunal de Casación de Bahrein confirmó las sentencias de muerte contra Hussein Abdullah Khalil Rashid y las víctimas de tortura Zuhair Ibrahim Jassim Abdullah, con lo que el número de personas en riesgo de ejecución inminente supera las 10.
Negligencia médica
En las prisiones de Bahrein, la tortura y los malos tratos siguen siendo frecuentes. Se sigue utilizando la negligencia médica -una práctica que ha sido condenada internacionalmente por cuatro Relatores Especiales de las Naciones Unidas en septiembre de 2019 y otros ocho Relatores Especiales en noviembre de 2019- de manera punitiva contra los presos políticos. Desde 2018, el defensor de los derechos humanos Ali Al-Hajee se ha visto obligado a pasar 150 días en huelga de hambre para obtener tratamiento para las lesiones sufridas durante la tortura por los servicios de seguridad en 2013. Hasta el día de hoy, sigue a la espera de ser operado después de que le extrajeran 13 dientes el año pasado, lo que le dejó luchando por comer alimentos sólidos.
Trágicamente, en febrero de 2020, esta cruel política también contribuyó a la muerte prematura por cáncer de Sayed Kadhem Abbas (24 años), quien, a pesar de haberse quejado de los fuertes dolores de cabeza, vómitos y otras dolencias que padecía ante las autoridades de la prisión de Jau, no tuvo acceso a un tratamiento especializado durante varios meses de 2018.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha puesto de relieve la mayor vulnerabilidad de las poblaciones penitenciarias en el marco del brote de la pandemia COVID-19. En tales circunstancias, el descuido médico sistemático está poniendo en extremo riesgo la vida de los líderes políticos ancianos, muchos de los cuales sufren de condiciones de salud subyacentes. En abril de 2020, 21 ONGs, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, pidieron la liberación inmediata de estos presos.
Complicidad internacional
A pesar del uso generalizado de la tortura, la negligencia médica y la reinstauración de la pena de muerte, Bahrein sigue recibiendo un apoyo inquebrantable de sus aliados occidentales, en particular de los Estados Unidos y de Reino Unido. Los tan cacareados órganos de supervisión de los derechos humanos encargados de investigar de forma independiente las violaciones de los derechos humanos, entre ellos la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior y la Dependencia de Investigaciones Especiales, se encuentran entre las instituciones de Bahréin que han recibido una importante financiación y capacitación de Reino Unido. A pesar de la bien documentada falta de imparcialidad y eficacia, así como de las denuncias de su complicidad en el encubrimiento de abusos de los derechos humanos, el Gobierno del Reino Unido ha alabado persistentemente el éxito de estas instituciones y sigue remitiendo a las víctimas de la tortura a ellas.
Más recientemente, las alarmantes denuncias de tortura han estado directamente relacionadas con la Real Academia de Policía de Bahrein, donde la Universidad de Huddersfield, con sede en Reino Unido, imparte una exclusiva maestría en ciencias de la seguridad que The Times ha caracterizado como un «centro de tortura». De hecho, recientemente ha salido a la luz que los condenados a muerte, incluidos Zuhair Ebrahim y el ejecutado Ali Al Arab, se encuentran entre los torturados en el recinto de la Academia. Sin embargo, la Universidad de Huddersfield se ha negado a revelar información sobre estas acusaciones y ha rechazado los llamamientos para suspender su curso de maestría, citando las relaciones amistosas del gobierno del Reino Unido con Bahrein.
El apoyo inquebrantable de Washington y Londres ha proporcionado a Bahrein un conveniente barniz de reforma que oculta una cultura de tortura, corrupción y violencia estatal profundamente arraigada en el Reino. En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la ADHRB y la BIRD hacen un llamamiento a la comunidad internacional, y en particular a los legisladores del Reino Unido y de los Estados Unidos, para que adopten una postura y pidan a Bahrein que permita una investigación independiente de las denuncias de tortura y malos tratos en el país con miras a que los autores rindan cuentas, como se especifica en la Constitución de Bahrein.
