Salman era un jugador de voleibol de 24 años cuando fue arrestado el 4 de septiembre de 2014. Sin presentar una orden, las autoridades lo golpearon y arrestaron. Siguió un interrogatorio y un juicio empañado por las violaciones de los derechos humanos. Salman se encuentra actualmente en la prisión de Jau cumpliendo una sentencia de 19 años y seis meses.
El 4 de septiembre de 2014, la policía antidisturbios y los agentes civiles hicieron una redada en una casa del barrio de Wadi al-Salam, en la región de al-Makshaa, donde Salman y otros estaban comiendo su comida antes del amanecer, ya que era el Ramadán. Los oficiales destruyeron los muebles, golpearon a las personas y las arrestaron. Salman estaba siendo buscado por la policía por varios casos que había en su contra. De hecho, su casa familiar ya fue allanada varias veces con anterioridad. Cuando la familia pidió ver la orden que permitía a los agentes allanar su morada las autoridades se negaron a exhibirla.
Salman fue sometido a una desaparición forzada durante ocho días. Su familia sólo se había enterado de su arresto a través de una publicación en Instagram.
Durante su desaparición forzada, Salman era trasladado diariamente entre la Dirección de Investigación Criminal (CID) y la comisaría de Riffa. Se le llevó al CID para ser interrogado en la oración del amanecer y se le mantuvo allí hasta las 10 de la noche cuando era devuelto a la comisaría de Riffa para dormir. El interrogatorio duró 7 días.
En el CID, Salman fue sometido a tortura física y psicológica. Fue golpeado, colocado en una habitación extremadamente fría, privado de sueño y obligado a desnudarse. Identificó a uno de sus torturadores como el teniente Ali Khamis. Salman también fue amenazado por el Fiscal de la Oficina del Ministerio Público, donde fue presentado el 8 de septiembre, cuatro días después de su detención. Los oficiales lo torturaron para forzar una confesión. Salman confesó los cargos por los que estaba siendo imputado, pero más tarde los negó en el tribunal.
Durante su interrogatorio, a Salman no se le permitió llamar a su abogado. Tampoco se le proporcionó el tiempo y las facilidades adecuadas para preparar su defensa para el juicio, y no se le presentó rápidamente ante un juez. Además, tan sólo pudo contactar con su familia dos semanas después de su arresto.
El 12 de septiembre de 2014, Salman fue transferido a la prisión de Jau, donde permanece actualmente.
El 30 de septiembre de 2014, Salman fue condenado a 3 años de prisión por los cargos de intentar atropellar a un oficial y estrellar su coche contra un jeep de la policía. El 22 de febrero de 2015 fue condenado a 15 años de prisión por los cargos de atropellar un automóvil en la región de Al-Adliya; esto había ocurrido alrededor de la época en que Bahrein acogía la tercera ronda de la Fórmula 1. Salman también fue condenado a un año y medio de prisión por los cargos de reunión ilegal y asalto a una patrulla, con lo que el total de sus sentencias fue de 19 años y seis meses.
La familia de Salman había presentado una denuncia al Ombudsman en relación con los alimentos que se le dan. Sufre de un sarpullido, y la comida que se le da no es adecuada para él. Sin embargo, no se adoptaron medidas para adaptarse a la condición médica de Salman.
En la prisión de Jau, Salman fue discriminado por su secta y se le prohibió practicar libremente los rituales religiosos. Además, fue torturado física y psicológicamente en 2015.
El arresto sin orden judicial de Salman, la denegación de acceso a un abogado y la confesión coaccionada constituyen una violación de sus derechos al debido proceso y a un juicio justo, consagrados en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Bahrein es signatario. Además, la tortura física y psicológica que Salman sufrió para obtener una confesión forzada constituye una clara violación de la Convención contra la Tortura.
La organización Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) pide al Gobierno de Bahrein la celebración de un nuevo juicio conforme con las normas internacionales sobre juicios justos. Por último, ADHRB pide al gobierno que investigue las acusaciones de tortura de Salman y que responsabilice a los autores para que el maltrato de los prisioneros no sea impune.