Abdulla Ali AlSemoon, ex futbolista profesional que jugó en la selección nacional de fútbol de Bahrein (2007-2008) y en el Busaiteen Club, está actualmente encarcelado arbitrariamente en la prisión de Jau. El 19 de abril de 2014, Abdulla fue detenido cuando una bomba explotó en su coche. Después de ser trasladado al hospital, fue sometido a tortura y condenado en un juicio injusto.
Un año antes, el 28 de enero de 2013, la casa de Abdulla fue allanada y las fuerzas policiales arrestaron a su hermano Jaber, sin mencionar el nombre de Abdulla. Sin embargo, cuando el caso de Jaber llegó a los tribunales, se nombró a Abdulla y se le acusó de motín y reunión ilegal en la aldea de Karbabad.
El 2 de octubre de 2013, Abdulla fue juzgado en el «Caso Karranah» por disturbios y reunión ilegal y fue condenado en rebeldía a tres meses de prisión. Dos meses después, el 8 de diciembre de 2013, cuando Jaber fue condenado a tres años de prisión, Abdulla fue absuelto.
El 19 de abril de 2014, tras el atentado con bomba contra su automóvil, Abdulla fue trasladado al Hospital Internacional Privado de Bahrein por ciudadanos de la aldea de Al-Maqsha. A continuación, Abdulla fue detenido y trasladado de ese hospital al Hospital Médico de Al-Salmaniya, donde se colocó un equipo de máxima seguridad frente a su habitación del hospital. Fue detenido por las fuerzas de Bahrein, incluidas las fuerzas civiles, la policía antidisturbios y el Mando de las Fuerzas Especiales de Seguridad (SSFC); oficiales de todos los mandos estuvieron presentes en el lugar de la explosión y en el hospital.
Abdulla no conocía el motivo de su detención pero sabía que las fuerzas de Bahrein preguntaban por él ya que su familia recibió una citación. Debido a las graves heridas, Abdulla permaneció en el hospital durante dos meses, uno de los cuales pasó en coma. Luego fue interrogado durante tres o cuatro días en las dos últimas semanas de su estancia, antes de ser trasladado al edificio de la Dirección de Investigación Criminal el 17 de junio de 2014. El 18 de junio de 2014, fue transferido al Centro de Detención del Dique Seco.
Abdulla fue acusado de dos cargos: 1) reunión ilegal y disturbios en la región de Karranah, y 2) reunión ilegal y disturbios con producción y posesión de artefactos explosivos en el caso de la explosión en Al-Maqsha. El 2 de octubre de 2013, Abdulla fue condenado a tres meses de prisión por el primer cargo; esta sentencia fue confirmada el 9 de diciembre de 2014, y nuevamente el 18 de noviembre de 2015 por el Tribunal de Casación. El 30 de septiembre de 2015, Abdulla fue condenado en presencia de su abogado a diez años de prisión por el segundo cargo. La sentencia fue confirmada el 26 de mayo de 2016. Abdulla no pudo ver ni comunicarse con su abogado desde el comienzo de su interrogatorio, ni tampoco durante el juicio.
La tortura iniciada por la Dirección de Investigación Criminal y las Fuerzas de Seguridad se practicó con el fin de coaccionar una confesión. Adbulla no confesó, pero fue obligado a firmar unos papeles en el Hospital Al-Salmaniya sin conocer su contenido.
Los procedimientos de interrogatorio y los de la Fiscalía se completaron en el Hospital Al-Salmaniya. Abdulla fue sometido a malos tratos y a tortura psicológica. A pesar de la gravedad de sus heridas, fue insultado y amenazado por miembros de las fuerzas de seguridad para que le retiraran el equipo médico. Algunos oficiales amenazaron con privarlo de sueño u obstruir el trabajo del personal médico. Abdulla fue atado con cadenas por miembros de las fuerzas de seguridad que lo mantuvieron inmóvil incluso cuando su médico pedía que se le quitaran las cadenas. Además, Abdulla fue sometido a diversas formas de maltrato en el Centro de Detención del Dique Seco, fue insultado y obligado a hacer ciertos movimientos deportivos a pesar de su mala salud, sometido a registros degradantes, sus muletas y medicamentos fueron confiscados mientras no podía caminar y permaneció durante un período de tiempo usando una silla de ruedas.
El 30 de septiembre de 2015, fue trasladado a la Prisión Central de Jau, donde fue severamente golpeado e insultado. Además, se le prohibió practicar libremente su religión. En consecuencia, Abdulla presentó él mismo una denuncia ante el Defensor del Pueblo en relación con la prohibición de practicar los rituales de la Ashura en 2018 y luego fue puesto en régimen de aislamiento.
Abdulla no completó su tratamiento. Todavía necesita cirugías por su tendón roto y por el corte en los nervios de su pie, también necesita fisioterapia. La administración de la prisión se niega a atender sus demandas. Todavía sufre de visión borrosa, un tendón roto, el corte en los nervios de su pie y de marcas de quemaduras y fuertes dolores de espalda. Su familia presentó varias quejas al Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior, pero Adbulla no recibió el tratamiento necesario. Permanece en la prisión de Jau.
Su familia lo vio después de la explosión para firmar una de las cirugías necesarias para su tratamiento. Sin embargo, mientras Abdulla estaba en coma, no se permitió a su familia visitarlo durante dos semanas porque la Oficina del Fiscal General le negó el acceso. Su hermana también fue arrestada después de tomar una foto de Abdulla cuando fue trasladado del hospital privado a Al-Salmaniya. Su teléfono fue confiscado en el edificio de investigación criminal y tuvo que firmar una declaración.
El tratamiento de Abdulla viola las obligaciones internacionales de Bahrein en materia de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El arresto sin orden judicial y la detención arbitraria de Abdulla violan los artículos 9, 10 y 14 del PIDCP. Además, el uso de la tortura es una violación considerable del artículo 14 del PIDCP y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, la prohibición de que Abdulla practique su religión es una violación del artículo 26 del PIDCP, que establece que toda persona tiene derecho a practicar su propia religión. El caso de Abdulla también constituye una violación del artículo 12 del PIDCP, que establece que toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.
La organización Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) pide al Gobierno de Bahrein que ponga en libertad a Abdulla. Si se pueden mantener condenas penales graves contra Abdulla, pedimos que cualquier nuevo juicio se lleve a cabo de conformidad con las normas internacionales para un juicio justo. Además, pedimos que se investiguen las acusaciones de tortura de Abdulla, con miras a que los autores respondan de sus actos. Por último, pedimos al Gobierno que proporcione la atención médica y los medicamentos adecuados a Abdulla y a todas las personas en prisión y centros de detención.
