Salah Saeed AlHammar es un ciudadano bahreiní de 26 años, que fue detenido arbitrariamente y torturado y además puesto en régimen de aislamiento por su participación en una huelga de hambre para protestar por las malas condiciones carcelarias. Salah permanece encarcelado en la prisión de Jau.
A mediados de diciembre de 2011, los funcionarios arrestaron a Salah en la calle sin proporcionar una orden judicial. Salah fue acusado de reunión ilegal y el tribunal de Bahrein lo condenó a un año de prisión. Salah fue puesto en libertad en 2013 después de haber cumplido su condena, pero el 26 de julio de 2014, el tribunal de Bahrein condenó a Salah a 15 años más de prisión por su presunta participación en un caso que implicaba la quema de correos.
Salah fue detenido el 26 de julio de 2015 para cumplir su condena de 15 años de prisión tras ser perseguido y disparado por las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior (MoI) y agentes vestidos de civil, así como por agentes que allanaron su casa varias veces durante el día. Los agentes lo acusaron de disparar intencionalmente a agentes de policía y lo acusaron de ayudar a organizar un atentado con bomba en Sitra que se produjo dos días después de su arresto.
Después de arrestarlo, los agentes del Ministerio del Interior ocultaron a Salah durante cuatro días en la Dirección de Investigaciones Criminales (CID). Al cuarto día, los agentes le permitieron llamar a su familia para informarle de su ubicación. La llamada telefónica duró unos pocos segundos.
El 31 de julio de 2015, los funcionarios de la prisión trasladaron a Salah al centro de detención de Dry Dock a espera de su juicio. Mientras estaba en Dry Dock, los funcionarios torturaron a Salah manteniéndolo atado en todo momento y negándose a permitirle usar el baño hasta que comenzara a orinar sangre. Salah afirma que los funcionarios de prisiones dijeron que merecía ser torturado por sus opiniones políticas y por ser chiíta.
El 12 de agosto de 2015, el Ministerio del Interior emitió una declaración que implicaba a Salah en el atentado de Sitra. Además, el 13 de agosto de 2015, el Ministerio del Interior transmitió una declaración y un video de él y otros dos detenidos confesando la planificación y ejecución del atentado de Sitra. El video también contenía una explicación detallada de la operación. Sin embargo, Salah sostiene que los funcionarios le obligaron a confesar el atentado mediante amenazas y torturas. Además, afirma que no estuvo completamente consciente durante el rodaje. La confesión se utilizó posteriormente contra Salah durante su juicio.
El 29 de marzo de 2017, el tribunal de Bahrein condenó a Salah a cadena perpetua y revocó su ciudadanía bahreiní por su presunta participación en el atentado de Sitra. Los funcionarios de prisión lo trasladaron a la prisión de Jau. El 29 de octubre de 2018, el Tribunal de Casación confirmó su condena; no obstante, en abril de 2019, el rey de Bahrein restauró la nacionalidad de Salah y la de otras 550 personas a través de una orden real.
En mayo de 2019, los funcionarios de la prisión trasladaron a Salah y a otros dos presos al «edificio de aislamiento» de la prisión de Jau sin darles un motivo del traslado. El 15 de agosto de 2019, Salah y otros 14 presos participaron en una huelga de hambre para protestar por las malas condiciones carcelarias y esta política de «aislamiento». En respuesta a la huelga de hambre, el 28 de agosto de 2019, los funcionarios de la prisión lo pusieron a él y a otras dos personas al régimen de aislamiento y desde entonces han mantenido a Salah en régimen de incomunicación.
Salah y su familia han buscado ayuda en vano del Defensor del Pueblo y de la Institución Nacional de Derechos Humanos (NIHR) varias veces. El 3 de septiembre de 2019, su familia presentó la denuncia más reciente sobre su aislamiento y la denegación de visitas y comunicación por parte de la prisión. No han recibido respuesta. Salah permanece incomunicado en la prisión de Jau.
El trato dado por el Gobierno de Bahrein a Salah viola las obligaciones internacionales de Bahrein en materia de derechos humanos, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT). Los artículos 2 y 11 de la CAT prohíben la tortura y los malos tratos, que Salah experimentó en el CID, y exigen que los Estados Partes eviten la tortura, así como que investiguen y sancionen a sus autores. Además, si la confesión forzada de Salah se utilizara en el juicio, esto violaría el artículo 15 de la CAT.
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) pide a Bahrein que cumpla con sus obligaciones de derechos humanos liberando a Salah debido a la falta de pruebas sobre los cargos que se le imputan. Además, pide a las autoridades de Bahrein que investiguen las denuncias de tortura y malos tratos de Salah en el CID y en la prisión de Jau, con miras a responsabilizar a los perpetradores.
