Hani Mohamed AlNajjar es un auxiliar administrativo de 25 años y ciudadano bahreiní. Hani padece distrofia muscular y necesita una sesión de fisioterapia de tres horas a la semana. Su enfermedad le provoca una debilidad crónica en los miembros superiores e inferiores, lo que le dificulta caminar y realizar ciertas funciones vitales sin ayuda. Antes de su detención y de su juicio injusto, Hani vivía en casa con su familia, que le ayudaba a cuidar de él.
El 12 de mayo de 2019, un familiar de Hani recibió una llamada de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) pidiéndoles que acudieran al día siguiente al Edificio de Investigaciones. El 13 de mayo de 2019, el familiar de Hani se presentó en el Edificio de Investigaciones, donde se le exigió que firmara un papel en el que se comprometía a llevar a Hani a una audiencia ante el Cuarto Tribunal Superior Penal, que es competente para los casos de terrorismo.
El 14 de mayo de 2019, Hani acudió a la vista y fue acusado de reclutamiento y financiación de terroristas, algo que negó. El juez adoptó la decisión de dejar a Hani en libertad a la espera del juicio, debido a su discapacidad.
Unos días más tarde, Hani fue detenido de nuevo cuando se encontraba en el aeropuerto con un familiar. Se disponía a viajar para visitar un lugar religioso sagrado para los musulmanes chiíes. Los agentes lo retuvieron desde por mañana hasta la una de la tarde aproximadamente y le preguntaron por sus planes de viaje. A continuación, los agentes lo detuvieron de nuevo, declarando que era un fugitivo buscado.
Hani presentó a los agentes la orden de libertad dictada por el juez, fue puesto en libertad y los agentes modificaron su estatus para prohibirle viajar al extranjero. Los familiares de Hani presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior en relación con la prohibición de viajar, pero no recibieron respuesta.
El 11 de julio de 2019, Hani fue condenado por reunión ilegal, disturbios y suministro de fondos a organizaciones terroristas. En concreto, se le acusó de reclutar a otro acusado para que le ayudara a financiar actividades terroristas. Hani fue condenado a tres años de prisión y a una multa de 100.000 dinares bahreiníes.
El 19 de agosto de 2019, agentes vestidos de civil detuvieron a Hani frente a su oficina y lo trasladaron en un coche sin marcas a la prisión de Jau para que cumpliera su condena.
La prisión está superpoblada, lo que dificulta los ya limitados movimientos de Hani. A Hani se le permite utilizar sus muletas, pero no se le permite caminar por el pasillo del bloque de celdas, lo que fue recomendado por el médico de la prisión. Le han llevado a la clínica de la prisión para su fisioterapia, pero hay escasez de material médico adecuado. Sus familiares presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de atención médica adecuada.
La condena y el encarcelamiento de Hani violan las obligaciones internacionales de Bahréin en materia de derechos humanos. En concreto, se le negó el tiempo adecuado para preparar su defensa, ya que su primera vista se celebró un día después de su citación. Esto viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar la defensa y comunicarse con un abogado. Además, a Hani no se le está proporcionando un tratamiento o alojamiento adecuado para su distrofia muscular mientras está en prisión, por lo que su detención también viola el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
