Mohamed Abdulla AlSankis es un bahreiní de 53 años y ex técnico de laboratorio del Ministerio de Obras Públicas. Fue detenido en 2012 sin una orden judicial y desde entonces ha sido detenido arbitrariamente y se le ha negado tratamiento médico mientras cumplía una condena de 12,5 años de prisión como resultado de un juicio injusto.
El 15 de mayo de 2012, Mohamed estaba durmiendo cuando unos 15 oficiales (probablemente pertenecientes al Comando de las Fuerzas Especiales de Seguridad) vestidos de civil y con máscaras rodearon y entraron por la fuerza en su casa, rompiendo una ventana. Los oficiales golpearon y abusaron verbalmente de Mohamed antes de sacarlo a la calle frente a un vehículo policial. Allí, las autoridades siguieron golpeando y «pisoteando» a Mohamed antes de obligarlo a subir al vehículo policial, donde nuevamente fue golpeado y acosado.
Los oficiales desaparecieron a Mohamed por una semana, durante la cual estuvo detenido en la Dirección de Investigaciones Criminales (CID). Mientras estaba en la CID, las autoridades penitenciarias golpearon a Mohamed y le pidieron que firmara una confesión mientras ocultaban el contenido. Cuando se negó, las palizas empeoraron. Aún así, Mohamed se negó a firmar el documento. Inicialmente se acusó a Mohamed de pertenecer a la «Coalición del 14 de febrero» (un grupo oficioso y en su mayor parte en línea que el Gobierno de Bahrein ha designado como organización terrorista), y más tarde se presentaron cargos contra él por incitar a los jóvenes a agredir a un oficial de seguridad y por reunirse ilegalmente. Fue condenado a un total de 12,5 años de prisión. Las autoridades denegaron a Mohamed el acceso a su abogado y lo condenaron en rebeldía por el segundo cargo.
El 15 de octubre de 2018, Mohamed inició una huelga de hambre para protestar por su detención ilegal y su juicio injusto. El 22 de octubre, una enfermera lo encontró clínicamente desnutrido y declaró que Mohamed necesitaba tratamiento intravenoso. Sin embargo, los funcionarios de la prisión respondieron prohibiendo que Mohamed recibiera tratamiento hasta que abandonara su huelga de hambre. El 24 de octubre, Mohamed puso fin a la huelga de hambre, tras recibir garantías de la Unidad de Investigación Especial de que harían un seguimiento de sus demandas. Sin embargo, hasta finales de noviembre, no ha recibido ninguna respuesta.
Las acciones de Bahrein contra Mohamed violan las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que Bahrein es parte. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) hace un llamamiento a Bahrein para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos anulando la condena de Mohamed, ya que fue condenado en rebeldía y sin acceso a su abogado, y para que se asegure de que todo juicio posterior sea compatible con las garantías procesales y los derechos a un juicio justo. Además, instamos a las autoridades a que investiguen las denuncias de denegación de tratamiento médico y a que hagan responsables a esos funcionarios.
