Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) participó en un consorcio de 23 organizaciones de derechos humanos dirigido por Human Rights First que también incluye varios otros miembros de IFEX que presentaron expedientes de casos destinados a la aplicación de sanciones a más de una docena de personas o entidades por parte del Gobierno de los Estados Unidos en virtud de la Ley Magnitsky de derechos humanos y responsabilidad global. La Ley Magnitsky Global, que se convirtió en ley en diciembre de 2016, autoriza al Presidente de los Estados Unidos a imponer prohibiciones de visado y a congelar los activos de las personas extranjeras responsables de violaciones graves contra los defensores de los derechos y los funcionarios gubernamentales o sus asociados que hayan participado en actos de corrupción importantes. En la práctica, se puede impedir la entrada en los Estados Unidos a quienes figuran en lo que se denomina la lista Magnitsky, y se puede confiscar cualquier propiedad que posean en los Estados Unidos, un duro golpe para quienes oprimen a los ciudadanos en sus países de origen y luego utilizan su condición o riqueza para viajar libremente. La ley también permite que entidades además de individuos sean puestas en la lista. En este caso, una corporación nombrada o incluso una institución del Gobierno vería bloqueada cualquier propiedad e interés dentro de la jurisdicción de los EE.UU.
Para poner a prueba el nuevo proceso, los grupos trataron de poner de relieve una serie de violaciones, víctimas y actores responsables en los expedientes presentados. Los nombrados varían en rango y posición.
La ADHRB presentó un expediente sobre el caso de Ali bin Fadhul Al Buainain, Jefe de la Fiscalía de Bahrein, que presuntamente es responsable de graves violaciones de los derechos humanos tanto por no haber actuado ante las denuncias de tortura como por haber aplicado la pena de muerte sobre la base de confesiones obtenidas mediante coacción. En particular, se le acusa de haber supervisado la tortura, las confesiones forzadas y las ejecuciones de Ali al-Singace, Abbas al-Samea y Sami Mushaima, tres hombres de Bahrein que fueron ejecutados en enero de 2017.
La ADHRB también presentó un expediente sobre la Agencia de Seguridad Nacional de Bahrein. Basándose en el testimonio de Ebtisam Alsaegh y otros activistas, la ADHRB sostuvo que el organismo, como entidad, debía figurar en la lista por su papel en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en particular por los ataques violentos contra manifestantes pacíficos.
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