Tal día como hoy tres años atrás, las fuerzas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) entraron en Bahrein a petición del gobierno para ayudar a reprimir el movimiento de protesta popular que comenzó el 14 de febrero de 2011. Mientras los tanques dirigidos por los saudíes rodaban por la calzada hacia Bahrein, el gobierno justificó la intervención internacional diciendo que Bahrein estaba siendo amenazado por «fuerzas externas», en un intento de achacar los disturbios internos a la interferencia iraní.
Sin embargo, la Comisión Independiente de Investigación de Bahrein, creada por el Gobierno, confirmó lo que ya sabían los manifestantes, las organizaciones de derechos humanos y muchos miembros de la comunidad internacional: no hubo participación iraní durante el levantamiento. El movimiento era una expresión orgánica de los bahreiníes, que estaban hartos de la corrupción, de la cultura de la impunidad y de la falta de democracia en su país.
Aunque no hay pruebas de que las fuerzas del CCG hayan cometido ninguna de las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante la represión, su misión de proporcionar seguridad a las infraestructuras e importantes instalaciones de todo Bahrein liberó a las fuerzas de seguridad bahreiníes para aplastar violentamente el levantamiento.
Es difícil ver una solución al estancamiento político de Bahrein sin una participación constructiva tanto de la Arabia Saudita como de los Estados Unidos, habida cuenta de los grandes intereses que ambos países tienen en Bahrein. Con ese fin, los Estados Unidos deberían pedir públicamente al gobierno saudita que retire sus fuerzas de Bahrein como parte del camino de la reforma y como medida de fomento de la confianza. Los Estados Unidos también deben ejercer presión pública sobre el gobierno de Bahrein para que las reformas tan desesperadamente necesarias para sanar al país herido se promulguen rápidamente y sin reservas.
Al entrar el levantamiento en su cuarto año, la situación en Bahrein sigue siendo un tenso enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, exacerbado por la continua presencia de un pequeño contingente de fuerzas saudíes sobre el terreno y un retroceso en el estado de los derechos humanos en el país. Si el gobierno saudita es sincero en su deseo públicamente declarado de ver una solución negociada a la situación de Bahrein, debe retirar el resto de sus fuerzas del país.
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Rachel Peterson es la Directora de Comunicación en ADHRB.
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